El Gobierno destinó 765 millones a Afiva y Apemeda para cerrar políticamente el 'caso Tous'

El Gobierno garantizó en vísperas de la última campaña electoral 765 millones de pesetas a las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda para cerrar políticamente el caso Tous. En un documento firmado el 20 de enero pasado y mantenido en secreto hasta la fecha, la Administración del Partido Popular concede la exclusividad a Afiva y Apemeda para tramitar los expedientes de los damnificados por la rotura de la presa de Tous y se compromete a pagar 45.000 pesetas por "expediente finalizado, se derive o no del mismo derecho de cobro para el interesado".

El convenio fue firmado por el entonces delegado del Gobierno, Carlos González Cepeda; el presidente de la Asociación de Autónomos y Pequeños y Medianos Empresarios de la Comarca de la Ribera (Apemeda), José Alapont, y Xavier Sierra, presidente de la Asociación de Afectados por las Inundaciones de 1982 de la Provincia de Valencia (Afiva), que declaró en enero pasado que daba por "políticamente cerrado el caso Tous", ya que el Gobierno había cumplido con los acuerdos negociados. El documento otorga a estas asociaciones la potestad para tramitar a lo largo de este año los expedientes de los damnificados que se acogieron al decreto de 1993 -en el que se fijaban las indemnizaciones destinadas a paliar los daños por la pantanada de Tous- que quisiesen acogerse al decreto de 1995, que mejoraba la cuantía de las ayudas.En el convenio, que obra en poder del Defensor del Pueblo tras las múltiples gestiones realizadas por el ex diputado de Nova Esquerra Ricardo Peralta, se fija una cuantía global de 765 millones de pesetas para Afiva y Apemeda por la tramitación de los expedientes de los damnificados que se acogieron al decreto de 1993 y quieran acogerse al de 1995. El texto del documento cifra el "coste máximo" del convenio para pagar la diferencia entre las indemnizaciones establecidas en 1993 y en 1995 en 2.600 millones de pesetas. Esta cantidad, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, se aportará de los remanentes de los créditos establecidos para hacer frente a los dos citados decretos de ayudas. La compensación sólo es válida para quienes obtuvieron una indemnización inferior a los diez millones de pesetas en el decreto de 1993.

Confidencialidad

El convenio firmado por Carlos González Cepeda incluye una cláusula en la que se especifica que la Delegación del Gobierno suministrará a Afiva y Apemeda "la información que precisen para el cumplimiento de los fines del convenio", aunque les advierte de que, al tratarse de datos personales, las asociaciones están sometidas a preservar la confidencialidad de los datos.

González Cepeda recordó el pasado mes de enero al alcalde de Alzira, Pedro Grande, que el Ayuntamiento no podía tramitar los expedientes de los damnificados, ya que Afiva y Apemeda eran las únicas entidades autorizadas. Pese a esta advertencia, el Ayuntamiento de Alzira tramitó 3.832 expedientes que remitió a la Delegación del Gobierno, que los reenvió a Afiva y Apemeda. El Ayuntamiento de Carcaixent hizo lo propio con 1.800 expedientes y desde Afiva y Apemeda reconocen que son los propios ayuntamientos quienes están colaborando en la centralización de los expedientes de los damnificados que se acogieron al decreto de 1993 y quieren acogerse al de 1995. Afiva y Apemeda, que tienen sus despachos en la localidad de Alzira, reconocen que todavía tienen pendiente el desplazarse a ayuntamientos como el de Antella, Massalavés y Tavernes de La Valldigna (La Safor) donde los damnificados de estas poblaciones han depositado sus solicitudes.

La exclusividad otorgada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana a Afiva y Apemeda mejora sustancialmente las condiciones económicas logradas por estas asociaciones en el decreto de 1995. Entonces el Gobierno socialista de Felipe González ya previó que las indemnizaciones otorgadas a los damnificados se incrementasen en un 5% en caso de pertenecer a estas entidades.

Este porcentaje del 5% establecido en el decreto de 1995 se fijó "al efecto de compensar los gastos de mantenimiento de las asociaciones de damnificados, sin que en este punto opere como tope el importe máximo resarcible" de diez millones de pesetas.

El convenio logrado por Afiva y Apemeda es fruto de las conversaciones mantenidas por Xavier Sierra y José Alapont con altos cargos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Las negociaciones entre la Administración del PP y los dirigentes de las asociaciones de damnificados empezaron a tomar cuerpo en la precampaña de las elecciones autonómicas de 1999 y concluyeron en la precampaña de los últimos comicios generales.

El preacuerdo alcanzado con los dirigentes de las asociaciones de damnificados obligó al Partido Popular a incluir, durante su tramitación en el Senado el año pasado, un punto adicional en la ley de crédito extraordinario -destinada a pagar las indemnizaciones fijadas por los tribunales tras declararse la responsabilidad civil del Estado en la pantanada de Tous- que posibilitase el convenio.