Los ciudadanos vascos vigilados en los lugares públicos por miles de cámaras de vídeo
El uso de cámaras no está sometido a regulación, a pesar de su incremento espectacular
Más de diez mil cámaras, según las estimaciones más conservadoras, vigilan a los ciudadanos en lugares públicos del País Vasco. Sin contar las que observan en el interior de los edificios. Es imposible saber el número exacto debido a la falta de control. "No se conoce porque el uso de videocámaras no está sometido a regulación", informan en el Departamento de Interior. Varios centenares de organismos públicos, 1.688 entidades bancarias con más de 5.000 cámaras, 31 comisarías de la Ertzaintza con unas 155 y unas cien en 27 estaciones de Metro. Son algunos de los puntos de vigilancia.
"La vídeovigilancia está pensada para dar seguridad y la ley impide las grabaciones, pero, la verdad, como ciudadano, no me siento cómodo. Yo no me he apuntado a un concurso de Gran Hermano", expresa un funcionario del Ayuntamiento de Vitoria que prefiere omitir su nombre. El uso de videocámaras no está sometido a regulación. Cualquier entidad del tipo que sea, establecimiento público o particular, puede contratar los servicios de una empresa de seguridad y colocar cámaras en las fachadas e interiores de sus edificios. Un recorrido por las calles de las tres capitales vascas es un paseo por la mirada de decenas de cámaras, generalmente visibles al observador atento."En Bilbao, por ejemplo, empiezas en el exterior del Campo de San Mamés, que tiene cámaras dentro y fuera, en cumplimiento de la Ley del Deporte. Sigues por la Gran Vía y pasas por la Delegación del Gobierno vasco, con media docena de cámaras en los tejados y en las fachadas. A la vuelta de la esquina, en la calle María Díaz de Haro, las dependencias de la Ertzaintza te avisan de que estás siendo vigilado por videocámaras. De vuelta a la Gran Vía, pasarás por las de más de diez entidades bancarias, con una media de tres cámaras en el exterior cada una, y alguna hasta doce. Sigues el recorrido y pasas por las de la Seguridad Social, por la media docena de de la Subdelegción del Gobierno, otras tres o cuatro de la Hacienda estatal, de la Diputación de Vizcaya, más bancos, el Corte Inglés, con uno de los sistemas más sofisticados y completos, el Palacio de Justicia, en fin, todos con sistemas de videovigilancia", detalla un ertzaina, jefe de seguridad ciudadana.
El tratar de contabilizar el número exacto de cámaras colocadas en la vía pública es tarea imposible. Organismos públicos y privados evaden la respuesta en aras de la seguridad y por falta de censo. El Metro de Bilbao informa que tiene "una centena"; el Museo Guggenheim prefiere no especificar el número; Renfe reconoce que dispone de "tecnología audiovisual para completar la seguridad de los vigilantes". Los partidos políticos también disponen de vídeocámaras, una media de dos en el exterior de cada sede, unas setenta en todo el País Vasco.
Controlar la circulación
Los ayuntamientos de las tres capitales vascas y la Ertzaintza proporcionan el número exacto de cámaras en la vía pública para controlar la circulación en las ciudades y en el exterior más próximo de las comisarías, respectivamente. Bilbao dispone de un total de nueve repartidas en las carreteras de acceso a la capital y en las principales vías. La Diputación de Vizcaya tiene colocadas seis cámaras en el tunel de Malmasín y próximamente entrarán en funcionamiento 26 en la autopista A-8, desde Malmasín a Leioa.
San Sebastián cuenta oficialmente con ocho cámaras en las vías principales de la ciudad, informa Javier Blanco, auxiliar técnico. La Diputación guipuzcoana tiene competencia sobre las cámaras [no se detalla el número] situadas en los túneles de la A-8.
El caso de Vitoria tiene sus peculiaridades. El Ayuntamiento dispone de nueve. "Como no hay zona metropolitana no es necesario controlar los accesos sino el interior de la ciudad, y es ahí donde se colocan las cámaras giratorias. Se ponen en la intersección de varias calles", explica Iñaki Sagardoy, ingeniero y jefe del gabinete de tráfico.
El sistema de cámaras usadas en Vitoria dispone de un zoom tan potente que permite apreciar hasta las matrículas de los vehículos, aunque éste no debe ser su uso. En un futuro próximo, Vitoria contará con siete cámaras más. "El peligro es que se haga un uso indebido de las cámaras", resalta un funcionario municipal. El riesgo de que la videovigilancia vulnere la intimidad es un temor compartido en distintos sectores consultados. ¿Cómo controlar a los que controlan?
"A mí me importa un pito que me graben en un lugar público, otra cosa es que lo hiceran en mi habitación", arguye Angel Gago, secretario de los hosteleros vizcaínos, un sector que cada vez usa más los avances audiovisuales "para controlar a trabajadores y dar seguridad a los clientes".
También Juan Manuel Sánchez, gerente de la empresa Seguridad Integral, estima que el "incremento enorme de los últimos tres años", hasta un 200%, en el uso de videocámaras, sirve para "controlar" los negocios y el buen funcionamiento de empresas y comercios, sin vulnerar las privacidad. Sin embargo, Alberto C. , de 25 años, discrepa. "Ni Orwell lo hubiera imaginado. Estamos más controlados que los del programa Gran Hermano. Sal a la calle y mira".
Proteger los derechos
"El criterio de eficacia no deber ser despreciado, pero debe estar siempre subordinado a la garantía de la protección de los derechos fundamentales". Así de tajante se expresa Alberto López Basaguren, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y uno de los seis miembros que conforman la Comisión de Videovigilancia y Libertades en la comunidad autónoma. La comisión fue aprobada el 21 de julio de 1998 y funciona desde hace un año.Su objetivo es supervisar y limitar la utilización de videocámaras en la grabación de imágenes y sonidos por parte de la Ertzaintza y de las policías municipales "en lugares públicos, abiertos y cerrados, y su posterior tratamiento, para que cumpla su fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana y la erradicación de la violencia", explica López Basaguren.
La comisión controla también el uso que de las videocámaras hacen los ayuntamientos en materia de tráfico, uno de los usos más extendidos de estos aparatos. El organismo público, presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, está compuesto por la Fiscalía del Superior, por un representante de la UPV y por tres directores del Departamento vasco de Interior. Se reúne periódicamente, dependiendo de los asuntos a tratar. "Funciona muy bien. Las autorizaciones para grabar están muy controladas", resalta López Basaguren.
Entre los diferentes usos de las cámaras, éstas se están utilizando, cada vez más, en todo tipo de investigaciones policiales. Recientemente, la televisión mostró imagénes de una niñera apaleando a un bebé. Fue posible gracias a la cámara colocada por los preocupados padres del niño.
López Basaguren insiste en el riesgo de que se dé la paradoja de que "se acabe teniendo mucho control sobre la Ertzaintza y se abandonen otros ámbitos". Sin embargo, la comisión sólo se dedica a la videovigilancia desde la Ertzaintza o la Policía Municipal. El resto de las cámaras está sin controlar
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