Los padres de Martínez buscan fondos en España para garantizar su defensa

El testimonio de su ex esposa, Sloane Millian, será decisivo en el segundo juicio de Joaquín José Martínez, el español cuya condena a muerte fue revocada el jueves por el Tribunal Supremo de Florida. Sloane declaró en 1997 que Martínez le confesó ser el autor del doble asesinato por el que fue condenado a muerte, pero ahora dice haber actuado así bajo presión de la fiscalía. Martínez es uno de los más de 3.000 condenados a muerte en Estados Unidos cuyas sentencias han sido anuladas en los últimos 25 años.

Los padres de Joaquín José Martínez, Joaquín y Sara, celebrarán hoy con su hijo la victoria legal que le ha sacado del corredor de la muerte en Florida y que esperan le devuelva la libertad. Luego tienen previsto viajar a España para recabar ayuda económica y poder financiar el segundo juicio. La factura puede ser muy costosa. Los honorarios medios de un letrado en Estados Unidos oscilan entre 350 y 500 dólares la hora (entre 60.000 y 86.000 pesetas). El abogado que ha logrado que el Tribunal Supremo de Florida anule su condena, Peter Raben, (conocido en Miami por su prestigio y honestidad) ha trabajado cientos de horas, pero el segundo proceso requeriría más trabajo aún, en opinión de Raben. "Hay que hacer muchas investigaciones y tomar declaraciones que no se hicieron antes".Los Martínez dicen haberse gastado hasta ahora 40 millones de pesetas, entre los honorarios del primer abogado que lo defendió -y cuya labor ha sido indirectamente criticada por el Tribunal Supremo-, y los de Raben. La mayor parte de esa factura la han pagado con donaciones de españoles. En España, el grupo socialista en el Senado ha pedido al Gobierno que corra con los gastos.

La ligereza con la que los tribunales condenan a muerte en primera estancia y la creciente constancia de errores policiales, fiscales y judiciales en esta materia, han llevado a un grupo de congresistas norteamericanos a proponer una ley que incremente las garantías de los acusados, según informó ayer The Washington Post. Como en el caso de Joaquín José Martínez, dos de cada tres condenas a muerte son anuladas por tribunales superiores, que encuentran violaciones de las garantías procesales en los primeros juicios.

Hacía lustros que la pena capital no era debatida con tanta intensidad en EE UU como ahora. Después de que exámenes del ADN y otras pruebas demostraran la inocencia de 13 condenados a muerte en Illinois, George Ryan, el gobernador republicano de ese Estado, decretó en marzo una moratoria en la aplicación de la pena capital.

Hasta George Bush, que ha permitido 131 ejecuciones como gobernador de Tejas, ha decretado el aplazamiento de una ejecución con inyección letal, para permitir al condenado probar su inocencia a través de ensayos de ADN. "Un sistema que falla en dos de cada tres casos no es un buen sistema", dice el senador demócrata Patrick Leahy. "Se acumulan demasiadas informaciones que aseguran que un número significativo de personas condenadas a muerte a finales del siglo XX eran absolutamente inocentes", añade. Perturbados por este hecho, Lealy, el republicano Gordon Smith y varios senadores de ambos partidos han redactado un proyecto de ley para reducir errores en juicios en los que está en juego la vida del acusado.