El Supremo de Florida anula el juicio que condenó a muerte a Joaquín José Martínez

Joaquín José Martínez; sus padres, Joaquín y Sara; y su nuevo abogado, Peter Reuben, tenían toda la razón al solicitar un nuevo juicio para el único habitante español de los corredores de la muerte de EEUU. Así lo sentenció ayer el Tribunal Supremo de Florida, reunido en Tallahasse, la capital de ese Estado. Como sostenía la familia Martínez, el primer juicio, celebrado en mayo de 1997, estuvo plagado de irregularidades, con una deficiente defensa del acusado y las manipulaciones de la fiscalía. En aquel proceso, Martínez fue declarado culpable de un doble asesinato y condenado a la silla eléctrica.

"Revocamos la declaración de culpabilidad, anulamos la condena y solicitamos un nuevo juicio", escribió ayer, en su fallo de 32 páginas, el Supremo del Estado de Florida. En Miami, su lugar de residencia habitual, Joaquín y Sara, los padres del condenado, estallaron de gozo. "Con el apoyo de los medios de comunicación y decenas de millares de españoles, hemos podido pagar a un nuevo abogado para nuestro hijo y presentar batalla legal a la injusta decisión de 1997", dijo Joaquín. El Supremo de Florida les concedió una victoria en toda regla.Martínez, recluido hasta ahora en el corredor de la muerte de la prisión de Raiford (Florida), será juzgado de nuevo en el Estado norteamericano. Sus padres anunciaron ayer el comienzo de otra batalla para lograr su libertad provisional a la espera de una segunda cita con un jurado.

En los próximos días, Martínez saldrá de Raiford y será trasladado, en calidad de preventivo, a una prisión ordinaria, la de Hillsborourgh, cerca de Tampa. Una vez allí, los abogados que se ocupen de su segundo juicio solicitarán su libertad provisional, según declaró la madre de Joaquín José.

Aunque los padres se mostraban optimistas, fuentes jurídicas señalaron que la excarcelación de Martínez es improbable. El segundo juicio, según esas fuentes, se celebrará en un periodo comprendido entre finales de este año y finales de 2001.

Martínez, ciudadano español residente en Florida, fue detenido en enero de 1996 acusado del asesinato, en octubre de 1995, en la ciudad de Tampa, del narcotraficante Douglas Lawson y de su novia, la bailarina Sherrie McCoy. Lawson recibió cuatro impactos de bala, y McCoy, 21 puñaladas. En su primera entrevista con un periódico español, en diciembre de 1997, Martínez proclamó a EL PAÍS su inocencia.

"Estamos diciendo que en este caso hubo tantos errores en el primer juicio que Joaquín José merece uno nuevo", declaró Reuben el 2 de noviembre, al concluir su argumentación ante los siete magistrados del Supremo de Florida. El segundo abogado del preso español llamó la atención sobre "la tremenda desproporción entre las pruebas presentadas contra Martínez y la dura condena" de 1997.

Reuben recordó que "no existen pruebas físicas que vinculen al acusado con el crimen". No hay armas, testigos oculares, huellas dactilares o restos de sangre. Martínez fue condenado por las declaraciones de su ex esposa Sloane Millian y su novia de entonces, que declararon que les confesó ser autor del doble crimen.

En la vista oral de noviembre, Reuben pidió al Supremo que declarara nulo el primer juicio, ya que la defensa de Martínez, representada por Tom Fox, actuó con "manifiesta incompetencia", y la acusación, que tan sólo presentó "pruebas circunstanciales", utilizó trucos no legítimos, como la exhibición de fotos en color de la autopsia de las víctimas, para inclinar al jurado en contra del acusado.

Esas tesis, sostenidas por el Gobierno y el Senado españoles, el Colegio de Abogados de Madrid y el Parlamento Europeo, entre otros organismos públicos y privados, fueron aceptadas ayer en parte por el Supremo de Florida, que reconoció que el primer juicio no se celebró con las debidas garantías procesales. El Supremo rechazó de modo explícito la transcripción escrita de una supuesta confesión en vídeo de Martínez, la prueba más sólida de la acusación.

Desde Washington, donde celebraba conversaciones sobre lucha antiterrorista con el FBI, el ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, declaró: "El Gobierno será sensible a la demanda social, atenderá las peticiones de la familia Martínez y pedirá la colaboración de todos los españoles". La anulación, añadió Mayor Oreja, es "una buena noticia para todos los españoles". Según el ministro, la lección del caso es que "siempre hay que confiar en la justicia".