Mayor alega que ya han recibido ayuda 40.000 inmigrantes

El ministro Jaime Mayor reafirmó ayer por la mañana, en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde expuso sus planes para esta legislatura, la necesidad imperiosa de cambiar cuanto antes la Ley de Extranjería, y por la tarde, ante el pleno de la Cámara baja, ofreció datos para intentar demostrar que el Gobierno no se ha declarado "insumiso" ante los mandatos de esta ley, como le había recriminado el diputado de Nueva Izquierda Diego López Garrido. El ministro replicó que ya son 150.000 los inmigrantes 'sin papeles' que han pedido la regularización, y que 40.000 de ellos han recibido ayuda jurídica o sanitaria en aplicación de la Ley de Extranjería. López Garrido había preguntado a Mayor sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar en su integridad la Ley de Extranjería, y aprovechó la ocasión para reprocharle que tenga tanto interés en reformarla cuando se aprobó el pasado diciembre "con uno de los niveles de consenso más amplios de la democracia".

Mayor empezó por aclarar que el proceso de regularización de inmigrantes abierto tras aprobarse esa ley afecta ya a 150.000 peticiones. El Gobierno se ha visto desbordado con esa cifra. En principio había previsto en torno a unas 100.000 solicitudes y aún no ha acabado el plazo, que sigue abierto hasta el 31 de julio. Mayor no aclaró cuántas regularizaciones han sido aceptadas.

López Garrido acusó al Gobierno de "boicotear" la ley vigente, aprobada con los votos de toda la oposición y en contra de la opinión del Gobierno. De hecho, nada se sabe aún del reglamento que debe regular esta norma, pese a que debería estar listo antes del 2 de agosto. López Garrido negó que la citada ley haya producido efecto negativo alguno, ni alarma social ni problemas de convivencia, en contra de lo que había augurado el ministro.

El ministro prefirió no entrar en este debate y respondió con cifras. Señaló que su departamento sí está aplicando la ley, añadió que ha abierto centros específicos, como el de Las Palmas de Gran Canaria, y relató que se han gastado 2.700 millones de pesetas en el proceso de regularización y 1.500 millones en subvenciones a ONG relacionadas con los inmigrantes.

Mayor añadió que el Gobierno ha facilitado atención sanitaria a 25.000 inmigrantes y asistencia jurídica y de traducción a otros 12.000 solicitantes de residencia en España. Y sumó esos dos conceptos para señalar que "desde el Gobierno no se puede hacer demagogia" y para presumir de que esos 40.000 inmigrantes atendidos "demuestran" que no ha habido tal "insumisión" del Gobierno frente a la Ley de Extranjería.