Un funcionario español en Bruselas denuncia a la Comisión Europea porque no le deja defenderse

Santiago Gómez-Reino, director general adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, ha denunciado a esta institución ante el Tribunal de Luxemburgo. Gómez-Reino se queja de que Bruselas ni le ha defendido ni le ha permitido defenderse de las acusaciones lanzadas contra él por la revista alemana Focus, por el director de la oficina antifraude europea OLAF, el sueco Per Brix Knudsen, y por el Parlamento Europeo, de la mano del diputado danés Freddy Blak y la alemana Gabriele Stauner.El funcionario europeo, uno de los pocos españoles que disfruta de la categoría A-1, fue exonerado en julio de 1999 por un comité disciplinario y por el Colegio de Comisarios en pleno de las acusaciones que recaían sobre él por el fraude detectado en 1997 en la oficina europea de ayuda humanitaria, ECHO. El fraude había sido cometido por un funcionario desleal, Hubert Onidi, que se embolsó unos 80 millones de pesetas en contratos ficticios a sabiendas de que lo eran y en connivencia con un conocido suministrador de servicios a la Comisión, Claude Perry. Gómez-Reino llegó a firmar tres contratos ficticios sin saberlo.

Sometido a fuertes críticas desde que se descubrió el escándalo, el entonces director de ECHO nunca admitió las acusaciones que recaían sobre él. La Comisión Europea, a instancias del entonces comisario responsable de personal, el finlandés Erkki Liikanen, abrió un expediente. El Comité de Disciplina le eximió de las acusaciones pese a que semanas antes se había negado a acatar el pacto que le ofrecía Liikanen: declararse culpable de una falta menor y aceptar un castigo simbólico. Pese a esas dos resoluciones, las críticas contra Gómez-Reino continuaron.

Santiago Gómez-Reino considera que la Comisión Europea no le ha defendido lo suficiente y que tampoco le permite defenderse. El vicepresidente primero, Neil Kinnock, no le permite comparecer ante el Parlamento para dar explicaciones y el deber de silencio al que está sometido como funcionario le impide contestar a los ataques que él estima que está recibiendo. Por eso ha acabado por denunciar a la Comisión ante el Tribunal de Luxemburgo. Ayer se vio el caso. Tras dos "largas y tensas" horas de sesión, en palabras de su abogado, Jean-Louis Dupont, el juez convocó a las partes a puerta cerrada y auguró que tomará una decisión antes de un mes.