Una asociación se querella contra Hacienda por ignorar una deuda fiscal de 400 millones de la proveedora Iturri
La Asociación Cid para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, presidida por el abogado Joaquín Fernández, presentó el jueves una querella contra tres funcionarios (el anterior delegado regional, el inspector regional y el jefe regional de los servicios jurídicos) de la Delegación de Andalucía de la Agencia Tributaria en las que se les imputa los supuestos delitos de ocultación, prevaricación y concertación para defraudar, al ignorar una presunta deuda fiscal de 403 millones del grupo Iturri.La querella presentada ante un juzgado de instrucción de Sevilla, fue dada a conocer ayer por Fernández en conferencia de prensa. En ella, además, se imputan varios supuestos delitos fiscales, societarios, de falsificación contable y de apropiación indebida a 12 personas, entre ellos tres miembros de la familia Iturri que integran su Consejo de Administración.
El grupo Iturri es proveedor de bienes y servicios de diversas administraciones. Fernández explicó que su asociación había decidido intervenir tras la información suministrada por cinco ex directivos de esta sociedad. Éstos aseguran que, antes de salir de la empresa, en 1998, llegaron a un acuerdo con el Consejo de Administración para regular ante la Agencia Tributaria unas retribuciones que habían sido supuestamente ocultas, "porque iban a ser liquidadas mediante acciones".
En la declaración complementaria que presentó el ex consejero delegado de Iturri también se incluyó otra omisión en la cifra de ventas de los ejercicios 1996 y 1997, lo que junto a los recargos por estar fuera de plazo sumaba una deuda fiscal de 403 millones.
La empresa negó luego que el ex consejero delegado les representara y aportó unos documentos (falsos, según Fernández) para mostrar que le había retirado los poderes. El pasado mes de marzo, la Agencia Tributaria atendió la reclamación de Iturri y consideró sin efecto la declaración. La asociación civil se querella contra los funcionarios por haber negado al ex consejero personarse en el expediente, por no haber grabado la declaración y por no iniciar una inspección para saber si, efectivamente, Iturri arrastra una deuda fiscal de 403 millones.
