El Ejecutivo navarro prepara otra reforma del Impuesto de la Renta para mejorar la tributación de las familias
El consejero navarro de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, afirmó ayer que tiene previsto plantear este año en el Parlamento foral una nueva reforma de la ley del IRPF referente al tratamiento de la familia, que el pasado año no se pudo concretar por falta de apoyo en la Cámara. Iribarren, quien presentó en conferencia de prensa el proyecto de Ley Foral General Tributaria, señaló que en la pasada legislatura no se pudo "ser todo lo agresivos" que se quiso.En concreto, el consejero abogó por volver a plantear el concepto de "mínimo vital" por el que la unidad familiar tributaría sólo sobre la renta disponible o el "excedente" una vez descontado esa cantidad básica en función de diferentes variables como el número de hijos.
El proyecto de la Ley Foral General Tributaria, aprobada por el Gobierno de Navarra el pasado lunes y pendiente de su trámite parlamentario, refunde los aspectos generales del sistema tributario navarro, junto con los derechos y garantías básicos de los contribuyentes, ya que, según dijo el consejero, un texto legal único "proporciona mayor seguridad jurídica, así como una mayor contundencia y facilidad en su aplicación".
La ley tributaria constituirá el "eje sobre el que girará la aplicación de los tributos en Navarra" y será el punto de partida para "reformar en profundidad los procedimientos tributarios, para incrementar la seguridad jurídica del contribuyente, y modernizar la maquinaria administrativo-tributaria para adaptarse al reto de las nuevas tecnologías".
El proyecto regula aspectos fundamentales como la definición del hecho imponible, la clasificación de los tributos, las infracciones y sanciones, así como los principios sobre los que se van asentar los procedimientos de aplicación de los tributos, como la gestión, inspección y recaudación.
También describe las líneas básicas de la vía económico-administrativa foral para la revisión de los actos tributarios. Iribarren destacó que esta normativa será un revulsivo para el Departamento de Economía y Hacienda, además de significar un "nuevo paso" en la lucha contra el fraude, ya que introduce un régimen sancionador "más duro y exigente".
