Subvenciones, mentiras y cintas de vídeo ANTÓN COSTAS

El caso Pallerols es una muestra más de los comportamientos perversos a los que con frecuencia conducen las subvenciones públicas; ocurrió lo mismo en el caso del lino. Pero aunque no es único, sí es un caso paradigmático. En él aparecen todos los elementos de la trama: la subvención como estímulo para conductas perversas, las mentiras y corrupciones que genera, y las cintas de vídeo, que sacan a la luz las conductas transgresoras para ser utilizadas para todo tipo de chantajes, ya sean personales o políticos. En definitiva, un caso en el que la realidad imita a los mejores guiones.¿Qué hace posible estas conductas? Se podría pensar que todo se debe a la falta de sentido moral de algunos de los beneficiarios y a la falta de control administrativo eficaz. Pero la frecuencia con que se producen estas conductas sugiere que debe existir alguna causa más objetiva. Los manuales de política económica explican que las subvenciones públicas tienen un gran inconveniente: generan conductas estratégicas. Muchas personas que jamás emprenderían una actividad pueden ser incentivadas a hacerlo sólo para beneficiarse de las ayudas públicas. De ahí que las subvenciones no creen empresarios donde no los hay. Lo que hacen es aumentar el número de buscadores de ayudas públicas.

Pero para que el mercado de la corrupción se mantenga a lo largo del tiempo necesita que además de demandantes existan oferentes. Y los hay. El problema no resuelto de la financiación de los partidos genera enormes estímulos para que los partidos utilicen las subvenciones para financiar gastos, especialmente los relacionados con el pago del personal. Dicho en su descargo, esto sucede también con los fondos del FORCEN, que usan las patronales y los sindicatos.

¿Cómo acabar con estas prácticas? De nuevo una solución aparentemente obvia es creer que todo se resolvería con un control interno más riguroso en la concesión y el uso de las subvenciones por parte de las autoridades y con la aplicación del código penal a los transgesores. Pero estas conductas escapan al control de los mejores filtros internos. El ex ministro Carlos Solchaga señalaba hace unos días ante el juez del caso Intelhorce que la operación de privatización y venta de la empresa "pasó muchos filtros antes de su aprobación por el Consejo de Ministros". Y aun así, la empresa fue vendida, e inmediatamente descapitalizada, a un empresario italiano insolvente, que más que empresario era un cazador de subvenciones.

La única manera de evitar estas prácticas es la transparencia. No hay mejor control de la actividad pública que el que ejerce la sociedad a través de sus organizaciones y de los medios de comunicación social. Recuerden el caso del fraude de las gasolineras. Su descubrimiento no fue obra de la Administración, sino de las asociaciones de consumidores. Pero ese control social sólo es posible cuando existe transparencia. Por eso hay que alabar la reciente decisión del Departamento de Trabajo de hacer pública la relación de beneficiarios de las subvenciones para formación para el año 2000. Es decir, las subvenciones que en el pasado originaron el caso Pallerols.

Soy partidario de que nuestras autoridades tengan libertad a la hora de tomar decisiones. Pero, como contrapartida, tiene que existir transparencia en los criterios, procesos y resultados de esas decisiones. No hay ningún interés general que necesite defenderse mediante el secretismo administrativo. Por el contrario, el ocultismo sólo beneficia a intereses privados y a los corruptos. Estoy tentado de formular una ley general: cuanto más transparentes sean las decisiones públicas, menor será la corrupción. Por eso, muchos gobiernos y organismos internacionales han comenzado a utilizar las nuevas posibilidades que abre Internet y las nuevas tecnologías de la información para dar transparencia a la toma de decisiones públicas. Se trata de aprovechar la red para hacer verdad la vieja máxima de "luz y taquígrafos".