La fiscalía investiga denuncias de discriminación de los colegios concertados hacia los inmigrantes

La fiscalía de Madrid ha decidido tomar cartas en un asunto que vienen denunciando muchos sectores educativos de la Comunidad: la escasa escolarización de niños inmigrantes, gitanos y de familias marginales en los colegios concertados de la región. El ministerio público ha abierto una investigación para ver si existe discriminación en estos centros hacia este tipo de alumnado o si es simple casualidad. La actuación se produce a raíz de dos denuncias presentadas por las asociaciones de padres de los colegios públicos de Chamberí, en los que más del 22% del alumnado es inmigrante, frente al 5,6% de este tipo de escolares en los centros concertados del distrito, según datos de la inspección.

El desvío encubierto de los escolares de educación compensatoria (gitanos, algunos inmigrantes y de factores desfavorecidos) hacia los colegios públicos es una cuestión que los sectores educativos más progresistas vienen trasladando a la opinión pública desde hace tiempo. Tanto CCOO como UGT, la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos y los grupos políticos de la oposición han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones las "tácticas encubiertas" que emplean estos centros para deshacerse del alumnado más problemático: desde exigirles uniforme hasta pedir una tasa complementaria para la matriculación o para la asociación de padres.Ahora será la fiscalía de Madrid quien investigue la cuestión para llevar el asunto a los tribunales si considera finalmente que se da de hecho discriminación en los centros concertados hacia este alumnado. La actuación del ministerio público viene motivada por dos denuncias presentadas por las asociaciones de padres de los colegios públicos del distrito de Chamberí.

En la primera, fechada el pasado 5 de abril, los padres -"ante la pasividad y nula respuesta" de la Consejería de Educación- solicitaban la intervención de la Fiscalía de Menores para poner fin a "una situación alarmante que vulnera los derechos de todos los alumnos de la escuela pública": el desigual reparto de los alumnos de compensatoria entre los centros públicos y los concertados en su distrito.

Incumplir la normativa

La segunda denuncia, presentada el 26 de mayo, apuntaba directamente hacia la comisión de escolarización de la zona -un organismo integrado por la administración autonómica y municipal y los padres, entre otros- por "incumplir" la normativa de la Comunidad de Madrid. Éstas son las irregularidades que denuncian: el aumento de dos a cuatro alumnos con necesidades educativas especiales y de compensatoria "en centros públicos especialmente"; la falta de escolarización de estos chavales en los centros de enseñanza concertada, y el traslado "automático" de este alumnado a institutos, sin ser distribuidos por la zona.

El desigual reparto de los inmigrantes y gitanos es lo que ha hecho saltar a los padres de Chamberí. En este distrito, los centros públicos acogen a un 22% de alumnos de compensatoria en sus aulas, mientras que los concertados apenas tienen el 6%. Y para muestra, un botón: "En el colegio Cervantes, el 60% de su alumnado es inmigrante, existiendo un aula en la que del total de 25 alumnos, 20 lo son. En el mismo barrio, el colegio concertado Jesús Mateo no recibe a ninguno", denuncia una carta que los padres enviaron al Defensor del Pueblo.

La situación de Chamberí ilustra a la perfección lo que es la distribución de este tipo de alumnado en toda la región, donde existen diagnosticados unos 21.000 estudiantes con necesidades de recibir educación compensatoria. La escuela concertada se hace cargo como media del 22%. La pública del 78%. En el caso de los gitanos es el 14,4% frente al 85,5%. En el de los inmigrantes, el 17,6% frente al 82,4%. Y en el de chavales de familias de muy bajo nivel económico, el 31,6% frente al 68,4%.

La Consejería de Educación puso en marcha una medida pionera para el reparto equilibrado de este alumnado entre los centros sostenidos con fondos públicos. Las instrucciones de admisión de alumnos dan a las comisiones de escolarización la potestad para reservar cupos en todos los centros sostenidos con dinero público para alumnado con necesidad de compensación en función de las necesidades de la zona, y establecen una reserva obligatoria para los discapacitados. Pero comienzan a surgir las primeras voces de que, en algunas comisiones, las instrucciones no pasan de ser un mero papel.