La policía intenta impedir un aborto en una clínica autorizada

La policía intentó impedir ayer un aborto supuestamente ilegal en la clínica Dator de Madrid, uno de los primeros centros autorizados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Fuentes de la policía aseguraron que los agentes acudieron al centro después de que Jesús María Poveda, un activista de la organización antiabortista Provida, y Manuel C., presentaran una denuncia. La portavoz de Dator, Luisa Torres, cuestionó esta versión y aseguró que "los policías ni siquiera sabían el nombre de la mujer cuando llegaron". El centro denunciará su actuación. Es la segunda vez en pocos días que la policía va a la clínica, que realiza unos 5.000 abortos al año, para impedir una intervención. Según la policía, la denuncia de ayer es el resultado de una conversación entre los activistas y una mujer, de cuyas palabras aquéllos dedujeron que el aborto que planeaba no se ajustaba a alguno de los tres supuestos legales (violación, malformación del feto o peligro para la salud de la mujer).

La mujer tenía cita por la mañana. Acudió acompañada de su hermana. Cuando llegaron la policía ya estaba allí. Los agentes habían llegado poco después de las 9:30, acompañados de los denunciantes y otras dos personas y comunicaron su intención a los responsables del centro, quienes pidieron aclaraciones a la comisaría de Tetuán porque "no traían orden del juzgado", asegura Torres.

Ya en la calle los activistas repartieron folletos y los agentes de la policía pidieron la documentación a quienes intentaban acceder al centro, siempre según la versión de la clínica. La mujer en cuestión entregó la suya "atemorizada". Cuando ésta ya estaba en el centro, los responsables de la clínica recibieron una llamada de la comisaría de Tetuán que les comunicó el nombre de la mujer y les exigió que se abstuvieran de intervenirla. Según la policía, la mujer desistió de su intención.

Los trabajadores de Dator están acostumbrados a la presencia de activistas antiaborto frente al centro, pero consideran muy "extraña" la actuación de la policía. La clínica califica estos hechos de "coacción" y "hostigamiento a las mujeres que acuden a una clínica legal a ejercer un derecho", en palabras de su abogada, la diputada autonómica y senadora Cristina Almeida. El PSOE pidió ayer la comparecencia en el Congreso del Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, para que explique los hechos.