La defensa del rector de la Rovira i Virgili alega que actuó "de buena fe"
Los abogados de la Universidad Rovira i Virgili (URV) alegaron ayer, en la vista oral del proceso contencioso-administrativo que enfrenta a esta institución con la profesora Josefina Albert, que la universidad aplicó la normativa existente "con la mejor intención y de buena fe" cuando excluyó a Albert de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU).El proceso, iniciado por la profesora que se vio marginada de la vigilancia y corrección de los exámenes de selectividad tras haberse dirigido al Defensor del Pueblo denunciando la supuesta marginación del castellano en las mismas, quedó visto para sentencia ayer, después de que las dos partes ratificaran ante el juez sus posturas. La vista de ayer es sólo la primera estación del vía crucis judicial al que va a tener que recorrer el rector de la URV, Lluís Arola, que además se enfrenta a un proceso penal por prevaricación por el que el fiscal pide ocho años de inhabilitación.
Para el abogado de Albert la marginación de la profesora fue una sanción encubierta, mientras que los letrados de la URV lo calificaron de cumplimiento escrupuloso de la normativa. Pero, tras haber afirmado en tono contundente que el comportamiento del equipo rectoral había sido intachable, al final de su alegato, el defensor de los intereses de la universidad, Enrique Alcántara, llegó a asegurar, de forma sorpresiva, que "todo el mundo se equivoca". Alcántara explicó que la exclusión de Albert se produjo después de que la URV fuera informada por el Defensor del Pueblo de supuestas incidencias acaecidas en las PAAU de 1998 y no por parte de la profesora que teóricamente las presenció.
PASA A LA PÁGINA 8
Visto para sentencia el juicio por la sanción a una profesora de la URV
VIENE DE LA PÁGINA 1 En su comunicación al Defensor del Pueblo, Josefina Albert aseguró que el presidente del tribunal le dio órdenes expresas de no repartir las preguntas del examen en castellano a dos alumnos que así se lo solicitaron. La decisión de apartarla de las pruebas la motivó, según la tesis de la universidad de Tarragona, que la profesora no comunicara de forma oficial dichas incidencias -que la universidad niega que se produjeran- y el "hecho irregular" de que la docente, por su cuenta, decidiera hacer fotocopias de los exámenes en castellano y repartirlos.
Albert era conocedora de su irregularidad, a juicio de Alcántara, puesto que, según expuso ayer el letrado, en su misiva al Defensor del Pueblo la docente reconoce que repartió los exámenes "a pesar de que se jugaba no volver a participar en las pruebas". El letrado recordó que es la docente la que debe acreditar que fue sancionada por acudir al Defensor del Pueblo y no por no ser idónea para la corrección de las pruebas. Alcántara reiteró en numerosas ocasiones que la URV había observado escrupulosamente el ordenamiento jurídico de la Generalitat y del Consejo Interuniversitario, que ha redactado la normativa de la selectividad.
Por el contrario, enopinión de Juan Carlos Zayas, abogado de Josefina Albert, el comportamiento de la universidad supone un uso alegal de la administración para castigar.
En la vista oral, que concluyó ayer, de modo que el caso consta ya como visto para sentencia, testificó el profesor José María Fernández, que también fue excluido de las pruebas tras quejarse ante el Defensor del Pueblo. Fernández explicó que en una reunión con el coordinador de los exámenes, Joan Igual, éste reconoció que habían sido apartados por haber contactado con el Defensor del Pueblo, "lo que no era tolerable".
A juicio de Zayas, la URV actuó contra Albert porque "cogió una rabieta" en el momento en que se enteró de que alguien "se había salido del clan para airear los trapos sucios" y había abandonado la observancia "de lo que parece la exigencia de un cumplimiento ciego, propio de un comportamiento militar".
Zayas sostiene que la URV incumplió todos los trámites administrativos al no comunicar a la profesora su exclusión ni la razón de ésta. "Todavía no sabemos qué se le imputa", aseguró.
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