La Generalitat paga con suelo el 40% del capital social de CACSA

El Consell aprobó ayer un curioso artificio financiero para pagar el 40% del capital social de la empresa que impulsa la construcción de la Ciutat de les Arts y les Ciencies, CACSA, que consiste en la cesión de suelo público propiedad de la Generalitat a la empresa promotora, que también es pública.CACSA amplió su capital social el pasado mes de octubre de 1.450 millones de pesetas hasta 5.008 a través de una serie de créditos bancarios suscritos con diversas entidades financieras. La Generalitat se comprometió a desembolsar la cantidad correspondiente a lo largo de tres años a través de sucesivas adquisiciones de acciones de la sociedad pública. El Consell aprobó ayer un acuerdo adoptado por el consejo de administración de CACSA el pasado 31 de marzo, que persigue cubrir el 40% del capital de la sociedad con "aportaciones no dinerarias".

Alicia de Miguel, consejera portavoz, dijo desconocer el contenido exacto del acuerdo adoptado por el Consell, pero fuentes de la Generalitat explican que las "aportaciones no dinerarias" refieren a la cesión de suelo a CACSA. Así, el suelo sobre el que se eleva el complejo de la Ciutat de les Arts y les Ciencies, que era propiedad del extinto Consell Metropolità de L'Horta y fue expropiado en su día por la Generalitat, es transferido a CACSA. Sin mover un duro, el valor del inmovilizado material de la empresa pública aumentará 2.000 millones de pesetas.

Parte del suelo que compró en su día la Generalitat está calificado como residencial o destinado a uso terciario, y constituye la única porción que podría resultar rentable para los acreedores de CACSA.

Las deudas a largo plazo de la sociedad pública ascendían, según los balances recogidos en los presupuestos de la Generalitat, a 44.208 millones en 1999. La previsión para el 2001, según la misma fuente, se eleva a 59.956.

Junta de contratación

Entre los acuerdos adoptados ayer por el Consell, destaca la creación de la denominada Junta Superior de Contratación Administrativa, un órgano que dependerá de la Consejería de Hacienda, y que coordinará las compras de los diversos organismos de la Generalitat.

El nuevo organismo prevé la constitución de dos registros de contratos suscritos por el conjunto de entidades de la Administración autonómica y de empresas calificadas para prestar servicios a los organismos públicos.

La clasificación de las empresas a efectos de prestación de servicios a la Generalitat correspondía hasta la fecha a un organismo paralelo de ámbito estatal. La principal novedad, según explica Eloy Jiménez, director general de Patrimonio, reside en la vinculación de ambos registros de contratos y contratistas en un sólo organismo, hecho que debe permitir ciertas economías materiales, humanas y, sobre todo, burocráticas.