Mayor propone la creación de una orden de busca y captura europea

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, propuso ayer a sus homólogos de la Unión Europea (UE) la necesidad urgente de que los Quince acuerden el reconocimiento de las resoluciones judiciales y de las decisiones previas al juicio sobre cualquier delito grave, en especial los del crimen organizado y el terrorismo, en el ámbito de la UE. Se trata de que tengan efecto en todos estos Estados las órdenes de detención y las sentencias dictadas por los tribunales de un país miembro.

Esta iniciativa debería desembocar en la creación de una orden de busca y captura europea, que acataran y respetaran todos los países de la UE. Ello permitiría que los etarras detenidos en Francia con un arma no vieran demorada su entrega hasta cumplir la pena por tenencia ilícita de armas en dicho país, pues tendría preferencia el delito más grave del que estuvieran acusados en España.Mayor Oreja hizo esta propuesta, según Europa Press, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE que se celebró ayer en Bruselas. Hoy no existe este reconocimiento judicial mutuo. Por ejemplo, 600 órdenes enviadas por los jueces italianos para detener y extraditar a mafiosos y delincuentes de ese país, juzgados y condenados en ausencia (rebeldía), han sido anuladas por la Oficina Sirene española, una instancia que hace las veces de buzón policial para recibir las reclamaciones de los 13 países que, en distinta medida, se han acogido al Acuerdo de Schengen, todos los de la UE excepto el Reino Unido e Irlanda.

Los fiscales italianos han protestado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de la Red Judicial Europea, y se ha iniciado una investigación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Eduardo Fungairiño, no reconoce las sentencias contra mafiosos italianos, condenados en ausencia; es contraria a conceder su extradición y pide su libertad provisional en los casos que se han tramitado.

Los jueces de ese tribunal mantienen una postura contraria: el reconocimiento de los juicios celebrados en ausencia y la concesión a Italia de todas las extradiciones solicitadas.

La propuesta de Mayor fue acogida favorablemente por sus homólogos comunitarios y se acordó que la Comisión Europea prepare un proyecto de norma. Para Mayor, este reconocimiento judicial es clave para combatir el crimen. "Es una acción a emprender, es el punto cero y abre un camino importante en la cooperación policial y judicial", dijo.

Una senda que se inició hace dos años con la creación de la Red Judicial Europea, un organismo de la UE que tiene como principal función proporcionar a las autoridades judiciales locales información jurídica y práctica de cada país, aunque exclusivamente en el ámbito penal. A juicio de Rubén Jiménez, vocal del Consejo General del Poder Judicial y uno de los enlaces españoles en la Red Judicial Europea, esta red esta todavía "infrautilizada".

Además de para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, este tipo de medidas para reconocer en un país resoluciones judiciales y sentencias dictadas por otro puede tener influencia también en la lucha contra el terrorismo.

El Gobierno nombró el viernes al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como juez de enlace ante las autoridades judiciales francesas para agilizar las extradiciones, especialmente de los etarras. García-Castellón dispondrá de despacho en Madrid y París, pero no podrá interrogar a los terroristas detenidos.