España pide a la UE un acuerdo con Rabat para repatriar a inmigrantes 'sin papeles'
La masiva llegada de inmigrantes sin papeles procedentes de Marruecos llevó ayer al Gobierno español a plantear a la UE la necesidad de firmar un ambicioso convenio con Rabat para forzar al país africano a repatriar sin mayores dificultades a todos aquellos marroquíes y subsaharianos que sean detenidos en situación irregular. El actual acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat no se aplica conforme a los criterios de España. De ahí que el ministro del Interior, Jaime Mayor, defendiese en Bruselas, frente al criterio de los países que se conforman con pactos de mínimos para la readmisión de extranjeros, la "enorme" trascendencia de este instrumento para afrontar la presión migratoria que sufre España procedente del norte de África. La falta de acuerdo entre los Quince sobre las características que debería tener esta negociación con Rabat ha dejado sin respuesta la demanda española.
Los ministros de Interior de la Unión Europea debatieron ayer en Bruselas, sin poder llegar a ningún acuerdo, sobre las directrices que intentan dar a la Comisión Europea para firmar, en nombre de los Quince, un acuerdo con Marruecos que obligue a este país a la readmisión de los numerosos inmigrantes sin papeles que a diario intentan entrar en Europa por el sur de España y Canarias. Durante las discusiones, Mayor destacó el valor que este convenio, avalado por la Unión Europea, tendría para España. "El convenio de los Quince debe ser claro y nítido, más que el que España tiene firmado actualmente con Marruecos", declaró el ministro en una rueda de prensa.El responsable de Interior argumentó que existen problemas para que las autoridades marroquíes apliquen correctamente el acuerdo de readmisión bilateral suscrito entre Madrid y Rabat, sobre todo en lo relativo a la readmisión de inmigrantes subsaharianos que pasan por Marruecos -por el momento sólo los marroquíes son repatriados sin excesivos problemas-, pese al continuo goteo de pateras que llegan a las costas españolas con trabajadores en situación irregular, víctimas de redes mafiosas que les hacen creer que pueden beneficiarse de la nueva ley de extranjería. "Se ha producido un avance en los últimos años, pero [el acuerdo] debería funcionar mejor", afirmó Mayor. Por eso España defiende que el convenio que tiene intención de negociar la Comisión Europea "tenga la fuerza comunitaria".
No le pasa lo mismo a Francia. Su ministro de Interior, Jean Pierre Chevènement, se limitó a citar un proverbio: "Cuando me miro al espejo me siento desolado, cuando veo al vecino me siento consolado".
Ayer mismo, la Guardia Civil informaba de la detención de 227 sin papeles en Cádiz durante el fin de semana pasado. La avalancha de inmigrantes que llegan a la costa gaditana para adentrarse de forma ilegal en España aumenta día a día. En la madrugada del domingo fueron interceptados 110 indocumentados, que se suman a los 117 detenidos en las 24 horas anteriores. En total, 227 inmigrantes magrebíes y de origen subsahariano han sido detenidos en tan sólo 72 horas en las costas del Campo de Gibraltar. En lo que va de año, 3.970 inmigrantes indocumentados han sido detenidos por la Guardia Civil de Algeciras, informa Cándido Romaguera. Las previsiones de Interior han sido ampliamente desbordadas. Y algo similar está ocurriendo en Fuerteventura y Lanzarote
Control con rigor
Mayor explicó ayer a sus socios comunitarios que por la proximidad geográfica de España a Marruecos "es normal y lógico que haya más dificultades que en otros países" a la hora de aplicar el acuerdo bilateral de repatriación. Por eso el convenio multilateral que defiende sería visto por el Gobierno que preside José María Aznar como "un paso adelante en las relaciones con Marruecos para tratar correctamente el problema de la inmigración del África subsahariana". "Hace falta un instrumento más sólido para afrontar los problemas que en España se nos crean para repatriar personas que vienen de Marruecos", añadió.
Respecto a la continua llegada de pateras a la Península y al archipiélago canario, el ministro se negó a hablar de momento de "aluvión", pese a las abultadas cifras de detenidos que se facilitan desde su propio departamento, y precisó que, hoy por hoy, no se van a tomar medidas de emergencia. Los agentes de la Policía y la Guardia Civil se limitarán, dijo, a controlar "con rigor" que las personas que crucen las fronteras "tengan las condiciones exigidas".
El ministro, eso sí, confirmó los datos, avanzados por este periódico, de extranjeros en situación irregular rechazados en las fronteras españolas a lo largo del año pasado: cerca de un millón de intentos, siete de cada diez a través de Ceuta y Melilla. "Esto da muestra de la presión migratoria que sufre España", declaró. "Es una cifra que no está desenfocada, aunque hay que ser prudente para su utilización", reiteró. Según Mayor, esta cifra se debe a que hay personas que a lo largo de una semana intentan entrar hasta cinco veces.
Los argumentos de Mayor, expuestos a la prensa en un descanso de la reunión de los ministros europeos, no lograron, sin embargo, la inmediatez buscada. El acuerdo de los Quince con Rabat no será negociado en breve debido a la falta de acuerdo mostrada entre los propios Estados miembros sobre las características que debe tener esta iniciativa.
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