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Seis autonomías piden que se retrase la Ley del Menor por falta de fondos para aplicarla La fiscalía avisa de que el aplazamiento supondrá que los adolescentes penados sigan en prisión

Las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han pedido al Gobierno, a ocho meses de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, un retraso "mínimo" de un año en su aplicación. El motivo alegado son las dificultades para financiar sus exigencias (50.000 millones de pesetas), entre las que se cuenta tutelar en centros autonómicos a los menores que ahora están en prisión. Fuentes de la Fiscalía han alertado de que un retraso en la aplicación de la ley supondría el mantenimiento de los menores de 16 a 18 años en la cárcel.

Todas las comunidades han echado sus cuentas desde que el Congreso aprobó la ley, el 22 de diciembre. Y éstas no cuadran con las del Gobierno, que entonces previó una dotación presupuestaria de 4.000 millones de pesetas. La más afectada, por población, es Andalucía, que ha calculado en 14.000 millones de pesetas el coste de implantación; muy lejos, Madrid (unos 7.000 millones el primer año), Galicia (4.600 millones) y Cataluña (4.200 millones) que, a pesar de tener transferida la competencia sobre prisiones, desembolsará unos 4.200 millones de pesetas. En total 50.321 millones sin contar a la Comunidad Valenciana, que no pudo facilitar su estimación, y al País Vasco, que no quiso. "No pueden descargar todo el esfuerzo en las comunidades", subraya el consejero de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, Marcial Morales. Y suscriben sus palabras sus homólogos de las seis comunidades gobernadas por el PSOE, en solitario o con otras fuerzas, que han liderado la revuelta para exigir el retraso de la ley: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura. Incluso algunas del Partido Popular (PP).

Sólo La Rioja y Navarra prevén un coste tan nimio que no afectará de forma significativa a su presupuesto. El problema para las demás reside en la obtención del dinero, gran parte del cual se invertirá en adecuar las actuales infraestructuras y construir nuevas. De hecho cuando los diputados socialistas se abstuvieron en el Congreso, su portavoz, Álvaro Cuesta, invocó la falta de financiación.

Las comunidades socialistas aseguran ahora que el Gobierno "no ha dado ni una sola peseta", en palabras del consejero andaluz Isaías Pérez Saldaña, quien prevé que los expedientes de menores de su comunidad se multipliquen casi por ocho hasta rozar los 9.000 como consecuencia de esta norma.

La queja choca con el hecho de que la competencia sobre menores está transferida a las comunidades desde hace años. La única novedad en este sentido es que ahora asumirán también a los mayores de 16 años que hoy duermen en la cárcel y que, cuando entre en vigor la ley, irán a un centro de menores.

Nuevos centros

Hay que construir nuevos centros y reformar muchos de los existentes; ofrecer las distintas fórmulas de internamiento y las medidas alternativas que prevé la ley y contratar al personal que las haga posibles. Eso sin contar con que las comunidades deben suscribir seguros para hacer frente a la responsabilidad civil que generen los menores tutelados. "Incluso aunque el Gobierno diera el dinero, no daría tiempo", se queja la consejera de Asuntos Sociales de Extremadura, Ana Garrido.

Esa premura ha hecho que los responsables autonómicos acordaran la semana pasada unir sus fuerzas. De su reunión en Madrid salió la propuesta de retrasar la ley al menos un año. Y dos cartas. Una solicitando al ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, una reunión "urgente" con todas las comunidades y otra a sus colegas de otros partidos para que secunden su idea. Durante ese parón, dicen, se podría negociar la financiación y construir los centros. Y seguirían en la cárcel los jóvenes mayores de 16 años, se queja un fiscal.

A pesar de ello, algunas comunidades gobernadas por el PP no ven descabellada la idea. Es el caso de Cantabria, cuyo director general de Bienestar Social, César Pascual, considera que "aún hay cosas por discutir". El presidente madrileño, Alberto Ruíz-Gallardón, ha solicitado la convocatoria de la comisión creada por el Gobierno para que éste pague parte de las fuertes inversiones exigidas.

El director general de Justicia Juvenil de Cataluña, Josep Antoni del Barrio, asegura que la postura del PSOE "es un error" porque sólo perjudicaría a los menores y porque las comunidades sabían lo que se les venía encima desde 1992. La misma sorpresa muestra la directora general de la Familia de Galicia, Teresa Rey, quien confía en que el Gobierno "buscará la forma de financiar la ley".

El Ministerio de Administraciones Públicas no descarta volver a discutir el asunto. El problema, dicen los socialistas, es que se acaba el tiempo. Quedan ocho meses para la entrada en vigor de la ley. El problema es de doble filo: si esa fecha se retrasa, los más perjudicados serán los jóvenes delincuentes, sobre todo aquéllos que sin esta ley se ven obligados a ingresar en prisión a pesar de ser menores de edad; pero si se aplica y no funciona, advierte un fiscal especializado en menores, podría aumentar la alarma social.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de mayo de 2000