La voz que Fujimori no pudo callar

Pequeña, postrada en una camilla debido a las múltiples fracturas en la columna vertebral sufridas durante interminables sesiones de tortura y perseguida por el Gobierno de su país, Leonor La Rosa, 34 años, exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano (SIE), abandonó ayer su refugio en Estocolmo para viajar, vía Madrid, hasta Lima y denunciar allí el acoso que está sufriendo su familia y el fraude que planea sobre las elecciones presidenciales previstas para el próximo domingo. "Estoy dispuesta a todo. Se están cometiendo atropellos contra mi familia, mis padres y hermanos", advierte esta mujer morena a la que ni los golpes, las repetidas violaciones o las quemaduras practicadas con sopletes han apagado un fulgor de determinación en los ojos. "Está claro que antes de estar así era una agente especial", comentan algunas personas que la osbervan.Según La Rosa, las elecciones presidenciales van a ser objeto de un fraude por parte del presidente Alberto Fujimori parecido al realizado en 1995, cuando agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano estuvieron en las mesas electorales y los militares votaron a pesar de que lo prohíbe la Constitución peruana. "No es posible que un dictador japonés esté liderando al país", afirma.

En aquel entonces, Leonor era una agente que trabajaba en delicadas operaciones de espionaje. El SIE -que depende del Servicio de Inteligencia Nacional, bajo el mando de la mano derecha de Fujimori y auténtico poder en la sombra, Vladimiro Montesinos- planeó diversos atentados contra periodistas y abogados conocidos por su oposición al régimen de Fujimori; los planes aparecieron publicados en el diario La República y se inició una auténtica caza de brujas para localizar al responsable de la filtración. La primera víctima fue Mariela Barreto, agente del SIE, cuyo cuerpo apareció descuartizado en un bosque cercano a la capital peruana. Luego le tocó a Leonor, y sus torturadores -sus propios compañeros- la dejaron al borde mismo de la muerte. Desde una cama de hospital, entubada y enyesada, denunció su situación, detalló los planes, las escuchas y los intentos de asesinato. Mostró su cartilla electoral con los registros de las votaciones y explicó cómo Fujimori manipulaba las elecciones. Desde entonces se ha convertido en un símbolo de la oposición a un Gobierno al que la Organización de Estados Americanos exigió la semana pasada más garantías de transparencia en el proceso electoral. "He tenido que reunir mucho coraje para ir por la situación tan delicada que se vive en Perú. El pueblo pide una elección libre y transparente, pero el Gobierno no lo está haciendo", aseguró La Rosa antes de volar hacia Lima desde Madrid.

La exagente secreta viajó a Perú con un salvoconducto emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el que se reconoce su carácter de refugiada política a fin de evitar que el Gobierno peruano pueda retenerla allí. Una vez en Lima, a donde llega en compañía del escritor Álvaro Vargas Llosa, tiene previsto reunirse con el líder de la oposición, Alejandro Toledo, quien anunció su retirada de la segunda vuelta presidencial ante la falta de garantías democrátricas. "Toledo es un hombre que entiende que el actual proceso electoral no garantiza la limpieza", opina La Rosa, quien recalca que su conocimiento del fraude de 1995 va más lejos de las suposiciones. "No es que yo tenga pruebas, es que yo estuve presente como agente del Servicio de Inteligencia".

¿Qué ha sido de sus torturadores? Cuatro de ellos fueron condenados, pero siguieron manteniendo sus grados y empleos. Otros no sólo han quedado en libertad, sino que gozan de la protección expresa del Gobierno peruano para evitar su detención en el extranjero. Es el caso de Ricardo Anderson, a quien acusa de violarla en repetidas ocasiones. Fue detenido en marzo en EEUU. Sin embargo, el Gobierno de Lima le concedió un pasaporte diplomático y fue liberado. "Me siento impotente", reconoció La Rosa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0025, 25 de mayo de 2000.

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