La cifra de inmigrantes acogidos a la Ley de Extranjería desborda todas las previsiones

Un total de 126.889 extranjeros habían solicitado hasta el pasado día 22 acogerse a la regularización extraordinaria prevista en la nueva Ley de Extranjería, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Administraciones Públicas. Cuando sólo ha transcurrido la mitad del plazo previsto legalmente, que se inició el 21 de marzo y acabará el 31 de julio, ya se han superado con creces las previsiones tanto de la Administración, que cifraba en 80.000 los extranjeros que serían regularizados a lo largo de todo el proceso, como de las ONG, que elevaban la cifra hasta 100.000. "Probablemente, cuando hicimos el cálculo no estábamos tan errados, pero es evidente que ahora hay muchos más extranjeros", alegan fuentes de Interior.

La Administración ha revisado al alza sus previsiones y ahora estima que entre 150.000 y 200.000 extranjeros se acogerán a la regularización. Sólo las personas que se han acercado a las oficinas habilitadas al efecto para solitar información son casi 250.000, el doble de las solitudes presentadas, mientras que los expedientes resueltos -la mayoría positivamente- son 42.817, lo que supone un tercio de la cifra anterior. Más de la mitad de las peticiones se concentran en cuatro provincias: Madrid, Barcelona, Almería y Murcia.Desde el Ministerio del Interior se insiste en que la nueva Ley de Extranjería ha provocado un efecto llamada, pero no tanto por lo que dice, sino por la imagen que se ha dado de ella.

"Las mafias están haciendo correr la voz de que todas las personas que consigan llegar a España antes del 31 de julio podrán quedarse para siempre, cuando la ley sólo permite regularizar su situación a quienes puedan acreditar que viven aquí desde antes del 1 de junio de 1999", agregan las mismas fuentes.

Las embajadas y consulados españoles en los países de origen de los inmigrantes se han mostrado hasta ahora incapaces de contrarrestar esta desinformación.

El buen tiempo previsible en los dos próximos meses hace temer que la avalancha de pateras que desde principios de año llega a las costas de Andalucía y Canarias crezca en intensidad. Al aumento de la inmigración en términos absolutos -sólo en la provincia de Cádiz han sido detenidos 3.566 indocumentados en lo que va de año, frente a los 2.681 de todo 1999-, se une el cambio de ruta. El cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla, que antes pasaban a pie cientos de inmigrantes, ha llevado a muchos a aventurarse a cruzar en frágiles embarcaciones las aguas que separan Marruecos de la Península o Canarias, con el balance dramático de un número creciente de ahogados y desaparecidos.

Para intentar atajar el problema en su origen, el nuevo delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, que el pasado fin de semana ya visitó Canarias, viajó ayer a Marruecos, donde hoy se entrevistará con el ministro del Interior, Ahmed Midaui, quien el próximo día 5 vendrá a Madrid.

El objetivo español es doble: instar a las autoridades de Rabat a combatir con más vigor las mafias que organizan el traslado de los inmigrantes a España y convencerles de que apliquen con mayor flexibilidad el convenio bilateral de readmisión.

Este acuerdo, suscrito en la etapa del Gobierno socialista, obliga a Marruecos a readmitir a todos los extranjeros que intenten entrar irregularmente en España desde su territorio. Los responsables marroquíes admiten a todos los inmigrantes que son rechazados en la frontera y a sus conciudadanos que son expulsados por encontrarse irregularmente en suelo español, pero no así a los subsaharianos. Para admitir a estos últimos exigen que se demuestre que llegaron a España desde Marruecos, lo que resulta la mayoría de las veces tan obvio como imposible de probar, al estar indocumentados.

El Gobierno español quiere comunitarizar las relaciones con Marruecos en materia de inmigración, teniendo en cuenta que, en virtud de la libre circulación de personas, el objetivo de muchos inmigrantes no es entrar en España sino en Europa.

Se da la circunstancia, además, de que los temas centrales de la relación con Marruecos -como la pesca o la importación de productos agrícolas- ya no son competencia de Madrid, sino de Bruselas, por lo que la capacidad de presión de esta última sobre Rabat es muy superior.

No obstante, pese a que la cumbre de Tampere de 1999 recomendó la armonización de las legislaciones nacionales, la regulación de los flujos migratorios sigue en manos de los estados.