El Gobierno anuncia que tomará medidas para aumentar la competencia del sector petrolífero

La polémica desatada por el alza del precio de los carburantes, a la que ayer se incorporó la patronal, obligó al Gobierno a salir en tromba con su presidente, José María Aznar, a la cabeza. En Santander, donde participaba en la cumbre hispano-francesa, Aznar subrayó que el Ejecutivo aprobará en junio nuevas medidas para aumentar la liberalización del sector. Entre ellas, figuran el aumento de gasolineras y de que colectivos, como los agricultores y camioneros, puedan distribuir directamente el gasóleo. La reforma será vana si no se revisan los contratos de suministro exclusivo a estaciones de servicio, según los gasolineros.

El imparable aumento de los precios de los carburantes este año y, especialmente, en lo que va de mes (seis subidas por un monto de ocho pesetas) ha forzado al Gobierno a tomar cartas en el asunto a pesar de que la situación viene de bastante tiempo atrás. La presión del encarecimiento de los combustibles hace mella en el bolsillo de los consumidores y en los objetivos de inflación desde el verano de 1999, cuando el precio del barril de crudo llegó a 20 dólares.Esa presión se contuvo entre julio de 1999 y enero pasado debido a que las petroleras congelaron artificialmente los precios a petición del Gobierno para contener la inflación.El alza del precio internacional de las gasolinas y el petróleo y la depreciación constante del euro frente al dólar no permitieron a las petroleras aguantar la presión sobre sus márgenes de ganancia y en los últimos 20 días han elevado seis veces los precios de los gasolinas y tres el del gasóleo. El último incremento de las tres grandes compañías (Repsol, Cepsa y BP) entró en vigor el martes.

El propio José María Aznar aseguró ayer en Santander que el Ejecutivo ya ha comenzado a tomar medidas ante el aumento del precio de los carburantes y señaló, en primer lugar, la aprobación de un paquete de medidas para liberalizar aún más el mercado de hidrocarburos e introducir más competencia en el mercado. Explicó que el Gobierno también ha puesto en conocimiento del Tribunal de la Competencia la actitud de determinadas empresas del sector que "pueden estar contraviniendo las reglas de la competencia", informa Miguel González.

De igual modo se manifestó el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró que el Ejecutivo prepara reformas estructurales para fortalecer la libre competencia y confió en que el Tribunal de Defensa de la Competencia determine si existe algún tipo de acuerdo entre las petroleras españolas. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de visita en Washington, también se mostró partidario de aumentar la competencia en el sector petrolífero como única forma de responder a las exigencias de los usuarios tras rechazar rebajar impuestos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró que "el Gobierno pide que nadie se aproveche de las circunstancias, porque una cosa es que existan razones objetivas para los aumentos de precios y otra que se puedan producir abusos de las petroleras". En opinión del ministro, "el Gobierno tratará de que haya más puntos de distribución y de que ninguna empresa petrolera tenga la capacidad de impedir que esa distribución tenga puntos de competencia entre sí", por lo que subrayó que la intención del Gobierno es seguir impulsando la competencia, "más marcas y más puntos de venta". Actualmente, en España existen 7.643 puntos de venta, frente a los 17.125 de Francia o los 13.161 del Reino Unido. El mercado español dispone sólo de 0,35 gasolineras por cada 1.000 vehículos, uno de los promedios más bajos de la UE. La ley, en cualquier caso, permite la libre implantación cumpliendo las normas sobre instalación y distancias.

Precisamente, el presidente de la Asociación de Empresarios de Gasolineras de Andalucía, Andrés Delgado, puso el dedo en la llaga al advertir que las medidas liberalizadoras para junio "no servirán de nada, si se olvida revisar las normas sobre los contratos de abanderamiento o suministro exclusivo a estaciones de servicio". Según Delgado, el Gobierno "debe tener claro que, si no se acorta la duración de los contratos de suministro exclusivo a estaciones de servicio, no será posible lograr un grado suficiente de competencia en la distribución de carburantes en España". A su juicio, los contratos de suministro exclusivo, ahora de 10 años, son la clave de un sistema que permite a las tres compañías repartirse el 80% del mercado, cuando en realidad existen en España más de 40 distribuidores autorizados. Prueba de ello, es que las estaciones de servicio de hipermercados venden carburantes hasta nueve pesetas por litro más barato que los fijados por los principales operadores. Economía, además, ha imputado a Repsol por presunto abuso de estos contratos y exigir un periodo superior al permitido. El caso lo estudia el Tribunal de la Competencia.

El grupo parlamentario Socialista ha reclamado al Gobierno, entre otras medidas, la fijación de precios máximos a los carburantes para detener la creciente escalada de los precios. El PSOE e IU sostienen que todos los ciudadanos sospechan que el aumento se ha decidido de manera concertada por las grandes distribuidoras.