Atacada con artefactos incendiarios la casa de un edil donostiarra del PP
Los grupos que protagonizan la violencia callejera en el País Vasco intentaron destruir en la noche del domingo la vivienda de Ramón Gómez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián -arrojaron contra ella varios artefactos incendiarios- y quemaron un autobús en Rentería valorado en unos 30 millones de pesetas. Éste ha sido el segundo atentado contra la casa de Gómez: el comando Donosti, de ETA, colocó en abril de 1998 una bomba en su puerta.
Ramón Gómez estaba preparado para un ataque semejante. No en vano ya se había atentado contra su vivienda en otra ocasión. Por eso, nada más escuchar el estallido del primer cóctel mólotov y ver las llamas, el edil donostiarra salió al balcón con un extintor para sofocar el fuego. Eran las 0.30 horas de la madrugada del lunes.En ese instante los violentos lanzaron otro. Por fortuna, Gómez pudo esquivarlo y rápidamente entró en el salón y cerró la terraza. Su familia y él aún tuvieron que soportar que otros cuatro artefactos incendiarios más alcanzasen la fachada. El balcón y su puerta, así como la cristalera, sufrieron daños.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, María San Gil, aseguró ayer que la familia Gómez se siente "fatal" porque no es la primera vez que padece un ataque por parte de los violentos y recalcó que es "aberrante" que los ediles de su partido tengan que vivir "con el extintor en la mano por miedo a que en cualquier momento les tiren un cóctel".
Acoso permanente
En ese sentido, San Gil se ofreció a explicar personalmente al Departamento de Interior del Gobierno vasco la situación de "amedrentamiento" en que están sumidos los concejales populares en Euskadi. En realidad, tanto ellos como los socialistas vienen padeciendo en los últimos meses el permanente acoso de los jóvenes radicales.
Por otro lado, en Renteria (Guipúzcoa), media docena de encapuchados obligaron a las 22.20 horas del domingo al conductor de un autobús urbano y a su única pasajera en ese momento a descender segundos antes de prenderle fuego. Las pérdidas económicas ascienden a unos 30 millones de pesetas, según la compañía Herri Bus.
Los agresores rompieron a pedradas los cristales del vehículo y rociaron con líquido inflamable su interior, lo que provocó que las llamas se propagaran con gran rapidez y lo dejasen completamente calcinado. El incendio alcanzó a seis coches más, aparcados cerca, y ennegreció las fachadas de los inmuebles más próximos.
El delegado del Gobierno, Enrique Villar, inaugurará hoy la oficina del Inem de Ondarroa (Vizcaya) saboteada el pasado mes de marzo. La reparación de sus instalaciones y de su sistema informático ha costado 20 millones de pesetas.
Todos los grupos municipales, salvo EH, condenan el atentado
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián condenó ayer con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto Euskal Herritarrok (EH), el atentado contra la vivienda de Ramón Gómez, edil del PP, que, resaltó, genera "una confrontación y una intimidación asfixiante en la sociedad".En el texto aprobado se destaca que este nuevo acto de violencia "supone un ataque a las más elementales normas democráticas y un absoluto desprecio a los derechos humanos" y se añade que "no existe ninguna justificación para estos hechos, que dificultan gravemente la convivencia y generan un clima de confrontación e intimidación asfixiante en la sociedad vasca".
Los portavoces expresan su solidaridad con Gómez y los ocho agentes de la Ertzaintza heridos de carácter leve el pasado sábado en el Boulevard de San Sebastián en un enfrentamiento con un grupo de unos 30 encapuchados.
La edil popular María San Gil, después de suscribir el acuerdo, abandonó la reunión cuando el representante de EH, Josetxo Ibazeta, leyó un escrito de su grupo en el que no se condena el ataque a su compañero de corporación, sino que se reitera su apuesta por "una solución dialogada al conflicto" basada en "el respeto a la decisión libremente expresada de los ciudadanos vascos", es decir a la autodeterminación.
Más carteles amenazantes
El PP también denunció ayer la aparición de carteles amenazantes en el barrio bilbaíno de Rekalde y en Galdakao (Vizcaya) contra sus portavoces municipales, Antonio Basagoiti y Nerea Llanos. En ellos se les responsabiliza de la actual política penitenciaria y se les amenaza con que "pagarán" su colaboración con el Gobierno central. Familiares y simpatizantes de ETA reclaman el traslado de los presos de la banda terrorista a cárceles de Euskadi o de su entorno.
El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, entiende que estas acciones sólo pretenden dificultar el trabajo y la responsabilidad que tienen sus cargos electos en el País Vasco.
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