Asesinatos domésticos
Dos mujeres apuñaladas en presencia de sus hijos, otra rociada de gasolina y prendida fuego y una cuarta a punto de ser quemada viva en su vivienda son los últimos brotes de la plaga de violencia doméstica que no acaba de remitir en España. Un mal que se extiende a todos los sectores sociales y que se ha cobrado en lo que va de año 25 vidas.Los asesinatos son la manifestación extrema de una violencia cotidiana -insultos, amenazas, golpes, vejaciones- en las que, según las estadísticas, viven numerosas parejas. Una reciente encuesta del Instituto de la Mujer cifra en 640.000 el número de mujeres que reconocen sufrir malos tratos; la cifra real se estima por los especialistas próxima a los dos millones. La mayor receptividad institucional sobre la gravedad del problema no se ha traducido hasta ahora en políticas efectivas. Del paquete de medidas de choque contra los malos tratos presentado por el Gobierno mediada la anterior legislatura, muchas se han quedado en el camino. El resultado es que las mujeres maltratadas siguen desprotegidas frente a sus agresores, mientras éstos están en posición de hacerles todavía daño si son denunciados. No acaban de salir adelante reformas básicas como la del Código Civil en materia de divorcio o la del Código Penal para sancionar más específicamente los malos tratos reiterados en la familia.
La violencia doméstica obedece a patrones culturales profundamente arraigados de los que no acaba de liberarse la sociedad española. Se sabe que los malos tratos, y especialmente las muertes de mujeres, se producen sobre todo en situaciones de separación. Parecería lógico abreviar y hacer menos litigioso el actual proceso de divorcio para evitar en lo posible los riesgos que corren las mujeres en esta situación. Como también parece lógica una reforma legislativa que facilite a los jueces la adopción de medidas provisionales que protejan eficazmente a la víctima frente a su agresor mientras se sustancia el proceso. No puede ser que denunciante y denunciado por malos tratos vivan bajo el mismo techo o que el demandante de divorcio siga conviviendo con quien le amenaza por haber dado ese paso. Son medidas, entre otras, que el nuevo Gobierno deberá abordar cuanto antes. El futuro defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha adelantado que este problema será para él, junto con la atención a las víctimas del terrorismo, una de las prioridades de su gestión.
