¡Humo!

El abogado Pedro Martín Martín ha destapado una caja de truenos que traerá tormentas, relámpagos, incendios, humo al fin. No es que el abogado Martín Martín vaya a hacer sonar las trompetas del Apocalipsis, ni a quemar bosques y alamedas; es, más bien, que dicho adalid del derecho le ha cogido el rábano por las hojas -ya sé que la metáfora es inquietante- al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Trataré de explicarme.Ustedes saben que el presidente del gobierno andaluz acaba de anunciar la interposición de una demanda en la que la Junta pedirá responsabilidades civiles a las empresas tabaqueras en concepto de indemnización por los gastos sanitarios que el hábito de fumar ocasiona al Servicio Andaluz de Salud. A 60.000 millones de pesetas se eleva el total de la indemnización que solicitará la sanidad andaluza a las empresas fabricantes de puros, cigarrillos y demás cilindros, entre otros artilugios, destinados a terminar en humo.

Sin embargo, el abogado Martín Martín estima en un reciente artículo publicado en el malagueño diario Sur que existe un error de bulto por parte de la Junta al escoger a las empresas tabaqueras como chivos expiatorios y pagadores del gasto ocasionado al SAS por el uso y abuso que los andaluces nos traemos con lo del tabaco. Dicho abogado entiende que el responsable de la intoxicación es el mismísimo Estado español, ya que es el Estado quien dispone del monopolio de la venta de tabacos por medio de esos establecimientos que llamamos estancos, lugares en los que, como es sabido, se expende tabaco a todo aquel mayor de 16 años que desee adquirirlo, con independencia de su estado de salud; es decir, ya se trate de un tío sanote como una pera, de un bronquítico, de un asmático, de un canceroso, o de un simple y ocasional echador de humo.

Pero el error atribuido por Pedro Martín Martín a la demanda anunciada por la Junta no se detiene ahí, sino que va a más; a tanto más va, que estima Martín Martín la posibilidad de que la propia Junta tampoco esté libre de responsabilidad en la humareda también jurídica provocada por el tabaco. Según este abogado, la Junta es, junto al Estado, corresponsable en los perjuicios tabaquiles, ya que nuestra comunidad autónoma carece de cualquier plan de prevención y tratamiento del tabaquismo, carencia ésta que sitúa a la Junta en idéntico plano de responsabilidad que el Estado a la hora de incumplir nuestra vigente Constitución, concretamente su artículo 43, que en su segundo apartado proclama: "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios."

El chasco de la Junta al demandar a las empresas tabaqueras puede adquirir la categoría de batacazo pistonudo, no sólo porque de parte demandante quizás pase a parte demandada -lo que tampoco es paja-, sino porque, además, si los jueces desestimaran la demanda contra las compañías tabaqueras seríamos todos los andaluces quienes deberíamos pagar las sabrosísimas minutas y costas judiciales que beneficiarán a los madrileños abogados de las empresas fabricantes de tabaco. O sea: ¡Virgencita, que me quede con la faringitis que ahora mismo tengo!