68 no bastan JORDI SÁNCHEZ

Nadie pone en entredicho que el País Vasco y Cataluña son dos realidades diferenciadas. Lo son en el ámbito social, económico, cultural y también en el político, a pesar que en ambos casos amplios sectores de la población manifiestan una fuerte sensibilidad para un mayor reconocimiento nacional. El factor nacionalista centra en los dos casos una parte muy importante del debate político existente y determina en gran medida el comportamiento sociopolítico de los electores. Ello no impide que el desarrollo de las reivindicaciones nacionalistas sea muy diferente en un lugar y en otro. La reivindicación nacional en Euskadi y Cataluña ha tenido caminos diferentes sólo unidos por la negación que históricamente España ha venido ejerciendo (salvo en contados periodos de la historia) contra los proyectos de afirmación nacional vasca y catalana. Ésta es una evidencia que nadie que presuma de estar en su sano juicio puede negar. La existencia de ETA, con las consecuencias derivadas de la misma, es la prueba más nítida de las diferencias que hoy se dan en las estrategias de construcción nacional en uno y otro caso.Sin embargo esa realidad diferenciada no parece ser suficiente para aquellos que de forma insistente y premeditada ponen en un mismo saco al nacionalismo vasco y al catalán. La ofensiva abierta desde el PP y también desde amplios sectores de la dirección del PSOE contra el nacionalismo vasco no se limita a éste y alcanza también de lleno al nacionalismo catalán. Es perfectamente constatable un proceso de criminalización del nacionalismo vasco por parte de importantes sectores políticos y mediáticos españoles que asocian ante los ojos de la opinión pública el nacionalismo a la violencia existente. Ese discurso, aparentemente dirigido hacia el País Vasco, llega también a Cataluña. ETA, a través de su existencia y de forma especial a través de sus crímenes, brinda una ocasión de oro a los nacionalistas españoles para lanzar sus dardos ideológicos contra aquellos que cuestionamos la idea de la España Nación. ETA, paradójicamente, se convierte en un instrumento plenamente funcional para los sectores más recalcitrantes del nacionalismo español, para aquellos para los que el Estado de las autonomías es ya la culminación de todo proceso de descentralización posible y para los cuales no hay más pasos que hacer en el camino de la plurinacionalidad.

La finalización de la tregua por parte de ETA y la propia existencia de Lizarra como proyecto ha servido para tejer desde las principales instituciones políticas españolas una fina tela de araña con el objetivo de envolver todo aquello que tuviera la osadía de moverse cuestionando la vigencia del modelo autonómico de 1978 o simplemente de dirigir su atención a posibles reformas que convirtieran la España única en la España plural. Una tela de araña creada con la misión de negar autoridad democrática al nacionalismo vasco y catalán y de dificultar el paso a las propuestas reformistas que hasta el momento han sido planteadas incluso por fuerzas no reconocidas como nacionalistas, como es el caso del PSC y de Pasqual Maragall. Tengo la sensación que a fecha de hoy las posibilidades de avance para un reconocimiento de la plurinacionalidad de España son más escasas que hace unos años. Por un lado porque el Gobierno popular dispone de una cómoda mayoría absoluta que no le obliga a hacer ningún tipo de concesión ni de pacto para garantizar su estabilidad en el gobierno. Por otro lado el principal partido de la oposición, el PSOE, parece que sólo tiene una cuestión clara dentro del mar de dudas que le acechan: reafirmarse en su vocación de partido español que debe salvaguardar la integridad de la Constitución de 1978. Un ejemplo de las consecuencias de este nuevo escenario lo tenemos en las recientes declaraciones del PP diluyendo enormemente la dimensión de la reforma del Senado y la posibilidad de que éste se convierta en una cámara parlamentaria donde las diversas lenguas tengan cabida.

El catalanismo político, y de forma muy especial el nacionalismo catalán, necesita de una

reacción rápida para evitar caer definitivamente en un escenario donde se imponga una parálisis política. Lo peor que puede ocurrir es que el modelo autonómico se dé por zanjado y que toda posibilidad de reforma se aplace sine die. Cataluña requiere un nuevo impulso social y político para el cual es imprescindible abrir nuevas etapas y disponer de un nuevo marco de reconocimiento institucional (en el Estado, en Europa y en organismos internacionales) y especialmente de un nuevo modelo de financiación autonómica. Ésta es la prioridad para Cataluña en estos momentos y tengo la impresión de que CiU ya no puede conseguir esos retos. El apoyo brindado al PP por parte de CiU sólo va a servir para permitir que el partido nacionalista siga administrando Cataluña gracias al apoyo del PP catalán. Sólo con un acuerdo amplio de la mayoría parlamentaria catalana se puede aspirar a situar de forma razonable los retos antes mencionados en el debate político español. El problema es que mientras CiU siga apoyando al PP en Madrid pocos pactos unitarios en Cataluña serán posibles. Precisamente un acuerdo amplio en Cataluña puede romper esa tela de araña que ahoga la diversidad nacional tejida desde la visión más centralista de España. Pujol puede seguir planteando regates a corto plazo si lo único que busca es su continuidad sin sobresaltos. Pero si lo que quiere es sentar las bases para un escenario distinto sólo puede realizarlo olvidando los apoyos recíprocos entre CiU y PP y también los posibles acuerdos bilaterales con ERC en Cataluña. Pujol puede necesitar 68 diputados (mayoría absoluta) para mantener su gobierno, pero Cataluña necesita de muchos más para plantear con posibilidades de éxito su futuro más inmediato.