Más y mejor Europa
En gran medida ocultas para la opinión pública, escondidas tras los meandros de la terminología comunitaria y, de hecho, sólo publicadas con regularidad en los boletines internos que circulan entre las instituciones de Bruselas, están funcionando desde hace algún tiempo dos instancias encargadas de preparar importantes reformas de la hasta hoy Europa de los Quince: la Conferencia Intergubernamental (IG), que debe modificar el Tratado de Amsterdam para preparar la ampliación al Este, y la Convención, que tiene como tarea elaborar una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los que apostamos decididamente por más Europa para más europeos, los que no tenemos ninguna duda de que los retos de la globalización sólo pueden encararse con garantías de éxito para nuestros países e influyendo en su democratización desde un reforzamiento constante de la UE, tenemos en primer lugar que levantar el telón para que la ciudadanía conozca lo que se discute en esa Conferencia y en esa Convención, haciendo bueno el principio básico de la transparencia.Claro está que a pesar de casi todos los Gobiernos, empeñados como de costumbre en intentar que los europeos no tengan información en tiempo real sobre lo que se discute en torno a su futuro o, en el mejor de los casos, en transmitirlo de forma incomprensible. Así podrían continuar haciendo de su capa un sayo y proponiendo reformas insuficientes que, de salir adelante, constituirían un nuevo fracaso en la construcción europea. Aunque esta vez sus consecuencias se harían notar con especial fuerza negativa.
Para evitarlo es preciso movilizar a la ciudadanía europea: no basta con levantar el telón para que la gente se limite a ser público frente a un escenario, aplaudiendo o silbando al final de la función. Al contrario, necesitamos una obra interactiva, pues sólo así los que en el seno del Parlamento de Estrasburgo, de la Comisión Europea, incluso de los Gobiernos, y en la sociedad civil -desde la Confederación Europea de Sindicatos a las ONG-, demandamos pasos decididos hacia una Europa federal a la altura de los tiempos tendremos posibilidades de influir en las decisiones.
¿Para alcanzar qué objetivos?
En primer lugar, que la ampliación de la UE al Este -que apoyamos- vaya indisolublemente ligada a una profundización política, económica y social del proceso de construcción europea. Eso significaría que la Conferencia Intergubernamental que deberá concluir en diciembre en Niza bajo Presidencia francesa no se limitara a abordar, con ser importantes, los asuntos institucionales pendientes desde Amsterdam, como la nueva composición de la Comisión o la reponderación de votos en el Consejo.
Hay que conseguir ampliar la agenda de la CIG, como acaba de demandar por tercera vez en esta legislatura el Parlamento Europeo y como propone la propia Presidencia semestral portuguesa de la Unión (con evidentes resistencias de otros socios, por cierto). Esencialmente, con el fin de dotar de un sentido global a la reforma de las instituciones, por un lado, y de extender el campo de las políticas de la Unión, por otro. Por supuesto que algunos apostamos por que haya una Comisión fuerte que no sea una mera suma de representantes nacionales de los Estados miembros, con un presidente elegido, que no designado, y por que en el Consejo los acuerdos -excepto contados casos- se adopten por una doble mayoría de Estados y poblaciones, en un procedimiento de codecisión generalizada con el PE. O sea, tenemos alternativas concretas a los denominados "flecos" de Amsterdam. Pero nada de eso tendría una coherencia suficiente si no fuéramos capaces de dar al conjunto un carácter constitucional y federal del que hoy por hoy carece la construcción europea.
Constitucionalizar la UE no significa ni más ni menos que acercar su estructura política a la división de poderes característica de las democracias, poniendo término a un déficit que dura tanto como su vida y que, a pesar de los esfuerzos realizados en su día a instancias de hombres como Altiero Spinelli, lastra todavía su desarrollo y se plasma en Tratados Frankenstein como los actualmente en vigor.
La Conferencia Intergubernamental ha de abordar también las políticas comunitarias. No es cuestión de sumar competencias por sumarlas, sino de responder de forma inteligente a las exigencias de la mundialización y la "nueva economía". Se trataría de abordar campos esenciales, empezando por acabar con la asimetría existente entre la positiva realidad del euro y la inexistencia de un Gobierno económico de la Unión. Lo que pasa por coordinar las políticas económicas de los miembros, reformar la política presupuestaria y de recursos propios en sentido progresivo y edificar una verdadera Europa social y del empleo.
De lo contrario, las decisiones escritas de la Cumbre de Lisboa servirán de poco y el mensaje que pasará terminará siendo el de competir con los Estados Unidos acercándonos a su modelo y debilitando el nuestro: liberalismo y mercado contra cohesión económica y social, como desearía la derecha europea. Seguramente la laguna más amplia de las conclusiones de esa Cumbre resida en que el crecimiento y el empleo exigen no sólo políticas de reforma estructural de oferta, sino también políticas macroeconómicas de sostenimiento de la demanda, especialmente de la interna, representada por consumidores e inversores, para lo que es fundamental lograr una armonización fiscal, que sigue siendo uno de los retos fundamentales de la UE.
En ese mismo marco de reforzamiento de políticas entraría de lleno la necesidad de institucionalizar en los Tratados los fuertes pasos hacia adelante que se están dando desde la Cumbre de Helsinki del pasado diciembre en el ámbito de la seguridad y la defensa, si se quiere que sean plenamente efectivos. Si todos somos conscientes de que lo contemplado en Maastricht y Amsterdam está quedando obsoleto por los avances realizados día a día por la propia UE, ¿cómo es posible que haya Gobiernos que no quieran ni oír hablar de que la Conferencia Intergubernamental se ocupe de estas cuestiones?
Y, además, debería configurarse en la Unión un espacio de seguridad, libertad y justicia en el que el Tribunal de Justicia tuviera plenas competencias, empezando sobre la libre circulación de personas (visados, asilo e inmigración), toda medida se adoptara en codecisión con el Parlamento de Estrasburgo y Schengen fuera norma general para todos los Estados miembros.
En la constitucionalización de la Unión, las conclusiones de la Convención cuatripartita (Consejo, Comisión, PE y legislativos nacionales) que redacta la Carta de Derechos Fundamentales serán determinantes. Si se nos propone al final del trayecto proclamar un texto político bienintencionado sin más, habremos perdido una magnífica oportunidad, entre otras cosas, de aproximar a la ciudadanía a la construcción europea.
Por ello hay que proponer, como también hemos hecho con claridad desde el Parlamento Europeo, que la futura Carta de Derechos se incluya como primera parte del nuevo Tratado reformado, que tenga por tanto carácter vinculante y justiciable, que en ella estén presentes tanto los derechos políticos como los sociales, que incluya los denominados de nueva generación (a la paridad hombre-mujer o a un medio ambiente sostenible) y que sea aplicable a todos los que viven en la Unión, sean o no ciudadanos de uno de sus Estados miembros.
Tanto en lo que se refiere a la CIG como a la Carta el PE debería tener poder de ratificación. ¿Es aceptable que precisamente esa competencia le esté hoy vedada en cuanto a la reforma de los Tratados? En ese marco, debería saberse que el Gobierno español, con Aznar al frente, no se caracteriza por ser uno de los más entusiastas en el Consejo Europeo a la hora de ampliar la agenda de la Conferencia Intergubernamental o de dar a la Carta de Derechos un perfil fuerte. Es lógico, porque su orientación le lleva a recelar de una Europa más política y más social, como ponen de manifiesto los debates habidos hasta hoy en los temas citados. En la nueva legislatura, la oposición de la izquierda europeísta tiene que apretar las tuercas al Gobierno español en el terreno europeo, ofreciendo continuamente alternativas.
Pero, más allá de nuestras fronteras, la mayoría socialista y socialdemócrata que hoy gobierna en Europa debería ser capaz de liderar con decisión el proceso hacia una Unión Europea con una dimensión política, económica y social cualitativa y cuantitativamente superior a la que hoy conocemos. Primero, porque ésa es la vía para evitar que la ampliación sin profundización nos convierta tarde o temprano en una mera zona de libre cambio; segundo, porque los procesos económicos mundiales se afrontarán adecuadamente fortaleciendo el mejor instrumento con el que contamos para ello: la UE y su modelo social frente a la primacía de la sociedad de mercado; tercero, porque las lecciones de Kosovo nos indican que nuestra seguridad depende de nuestra propia capacidad para prevenir conflictos y gestionar crisis, y cuarto, porque el fantasma de Austria sólo se conjura con más democracia y más valores de progreso.
Diego López Garrido y Carlos Carnero son diputados al Congreso y al Parlamento Europeo de Nueva Izquierda en el Grupo Socialista.
