Consejeras del PSPV critican ante el juez la opacidad de RTVV

Las tres representantes del PSPV en el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que ayer declararon en el Juzgado de Instrucción número 3 de Paterna, cuyo titular investiga si varios altos cargos de Canal 9 crearon una trama para detraer recursos de la empresa pública, fueron claras: aseguraron no tener constancia de la comisión de irregularidad o delito alguno, pero no escatimaron críticas hacia el oscurantismo y opacidad de la cúpula de RTVV.

Marina Gilabert, consejera de RTVV desde la creación del ente, fue la más dura en su contestación al interrogatorio del magistrado. La llegada del PP al Gobierno de la Generalitat en 1995 supuso una total falta de transparencia en la gestión de RTVV, cuyo director general -concretamente, José Vicente Villaescusa- y el anterior presidente del consejo de administración -Leonardo Ramón- faltaron a sus obligaciones al obstaculizar la labor de control que, en principio, ese organismo debe realizar sobre el ente público, afirmó.Gilabert y dos de sus ex compañeras, Evangelina Rodríguez y Pilar Pedraza, declararon como testigos en la investigación abierta para aclarar si Villaescusa, Ramón, los ex directores de Televisió Valenciana (TVV), José Forner y Jesús Sánchez Carrascosa y dos de los principales colaboradores, de éste, Vicent Andreu y Francisco Aura, organizaron un entramado de empresas para desviar fondos públicos a sus manos. El juez encargado del caso, a instancia del PSPV, partido que denunció los hechos, ha imputado a los cargos antes mencionados por tres supuestos delitos: societario, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Obstruccionismo

Las consejeras declararon durante toda la mañana. Según fuentes jurídicas, Rodríguez y Pedraza, apartadas de la vida política, no fueron tan contundentes en sus respuestas como Gilabert. Ahora bien, en la línea de ésta, denunciaron que la mayoría de peticiones de documentos, preguntas respecto a operaciones económicas o cualquier otra solicitud de información se encontraba, por lo general, con evasivas. Esta actitud, que calificaron de obstruccionista y antidemocrática, era, dijeron, más que la excepción, la norma.

Ahora bien, siempre según las mismas fuentes, ninguna de las tres testigos aportó prueba alguna de las irregularidades que se imputan a Villaescusa y el resto de directivos. Es más, siempre a preguntas del juez, negaron tener constancia alguna de los hechos de los que les acusa el PSPV.

La querella redactada por el abogado de los socialistas, Francisco Granados -actual presidente de la gestora del partido-, denuncia que un entramado de empresas creado por o con la anuencia de los encausados sirvió, supuestamente, para lucrar a Carrascosa, Andreu o Aura. La fortuna de Astel, una empresa que logró suculentos contratos de Canal 9 nada más ser creada, ejemplificaría cómo funcionaba la trama denunciada.