Los independentistas denuncian la estrategia de Clinton en la isla de Vieques

Líderes independentistas puertorriqueños en Europa denunciaron ayer que el referéndum propuesto por el presidente de EEUU, Bill Clinton, y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Roselló, para que los habitantes de la isla de Vieques decidan si quieren que en su territorio siga existiendo un campo de maniobras de la Armada estadounidense, está viciado, ya que habrá un incentivo de 50 millones de dólares (más de 9.000 millones de pesetas) en el caso de que se permita la existencia del campo de tiro y la utilización de fuego real. "En esta partida los dados están cargados", señaló Ramón Darío Molinary, presidente de Acción Soberanista Puertorriqueña.Mientras, en la isla siguen las protestas. El líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berrios, fue detenido anteayer por penetrar en los terrenos del campo situado en el este de la isla. A pesar de las amenazas formuladas por fiscales federales de que se aplicaría a quienes penetrasen en los terrenos de la Armada multas de hasta de 250.000 dólares y peticiones de cárcel de hasta 10 años, Berrios fue liberado horas más tarde sin fianza y con una petición de multa leve. El pasado 4 de mayo, el obispo de Puerto Rico y tres congresistas estadounidenses de origen puertorriqueño ya fueron desalojados a la fuerza por la policía federal.

El plan de Clinton y Roselló prevé que, entre agosto de este año y febrero de 2002, los 9.000 habitantes de Vieques decidan el futuro del campo de maniobras. Vieques, una isla situada al sur de Puerto Rico, de 28 kilómetros de largo y 6 de ancho, se halla divida en tres sectores: al oeste, unos terrenos de la reserva naval de EEUU que serán devueltos este año; en el centro, el área civil, cuya principal población es Isabel Segunda, y en el este, el campo de maniobras, paralizado desde que hace un año la muerte de un vigilante desencadenara una campaña de desobediencia civil. "La zona que se va a entregar es la contraria a donde se producen los bombardeos y el plazo para la celebración de la votación es demasiado amplio", explicó Molinary, quien añadió que en Washington hay congresistas que estiman que se trata sólo de un problema de dinero. "Y eso es un insulto al pueblo de Puerto Rico", concluyó.