El fiscal pide el indulto para dos jóvenes acusados de piratería informática

El juicio de los dos jóvenes de Tarragona acusados de delitos contra la propiedad intelectual y revelación de secretos utilizando medios informáticos se cerró el miércoles a medianoche, después de siete horas de declaraciones en el Juzgado de lo Penal número 4 de Tarragona. El ministerio fiscal, única parte acusadora ya que los afectados habían renunciado a la denuncia, acabó pidiendo el indulto para los presuntos hackers. Destacaron en el juicio el ambiente de amistad entre las partes y la gran cantidad de cámaras que seguían la vista.

Jofre Heredia, de 24 años, y Juan Domingo Molina, de 23, fueron los primeros detenidos en España por presunto hacking (intrusión en redes informáticas) cometido en mayo de 1997, cuando estudiaban primero de carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Se les acusaba de ataques a ordenadores de diversas universidades, del Centro de Supercomputación de Cataluña, del congreso INETCAT 96, de una empresa de Canarias, de la red ciudadana TINET y del Registro Mercantil de Tarragona, además de presunta venta de discos compactos copiados ilegalmente. Aunque la URV, la única en dar la voz de alarma, retiró la denuncia, el fiscal asumió la acusación y pidió tres años de prisión y multas de 20 a 22 meses para Heredia, y 15 meses de multa y dos años y siete meses de prisión para Molina.

Manuel Sanromà, representante de la URV, aseguró ante la juez que los hechos habían sido sólo "una gamberrada": presuntamente, pintar cuernos a las fotografías de profesores, espiar exámenes, copiar contraseñas o buscar información sobre libros en la biblioteca de la Universidad de Valencia. Sanromà calificó la actuación judicial de "desproporcionada", aunque avisó: "Estamos ante una nueva figura, la del hacker, que hay que tomar en serio porque puede ser potencialmente delictiva, ya que el poder de los sistemas informáticos es tremendo".

Los acusados negaron los hechos y también negaron ser hackers. Juan Domingo Molina, que ha seguido estudiando en la universidad, aseguró haber hecho sus primeras declaraciones presionado por la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil: "Nos habían vigilado y pinchado el teléfono, y venían expresamente de Madrid.¡Imagínese! Sugirieron que si colaboraba podría trabajar con ellos y que ya me llamarían".

Bomba de humo

Jaime Duque, uno de los abogados defensores, se quejó asimismo de esta unidad de la Guardia Civil que "bajó desde Madrid para montar una bomba de humo". "Se hicieron la foto de rigor con ordenadores y disquetes en los que no había nada y ninguno de ellos está hoy aquí para explicar cómo fue la investigación previa", añadió.

La debilidad de las pruebas y las imprecisiones del sumario fueron también destacadas por los peritos, tanto de la defensa como del fiscal, quienes improvisaron una clase de informática y redes para aclarar a la juez que lleva el caso que Microsoft no es un programa, sino una empresa, y que Linux es un sistema operativo de libre uso y no una herramienta de hacking.

En cuanto a la presunta entrada en el Registro Mercantil de Tarragona, se precisó que "era un sistema en pruebas, con información pública". Tres años y seis horas después de aquella mañana del infausto curso 96-97 en la URV, el fiscal del Estado, único denunciante contra los presuntos hackers de Tarragona, admitía en su alegato final en el juicio: "Todos los testigos han quitado hierro al asunto", y decidía, por tanto, "demandar el indulto si hay condenación".

Los estudiantes declararon en 1997, al ser detenidos, que se plantearon penetrar en los entresijos de la URV para superar un reto intelectual.