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Editorial:

Presión inmigrante

En pleno ecuador del plazo de cuatro meses fijado para la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles, ha aumentado vertiginosamente el número de ciudadanos magrebíes y subsaharianos que pugnan por dar el salto al territorio peninsular español y a Canarias. El subdelegado del Gobierno en Cádiz ha fijado su número en unos 6.000, mientras que el delegado del Gobierno en Ceuta lo eleva a 25.000. Las asociaciones de inmigrantes cuestionan la exactitud de las cifras y las atribuyen al interés del Gobierno por crear inquietud ante el fenómeno migratorio para reforzar su posición en su intento de reformar a la baja la recién estrenada Ley de Extranjería.Al margen de la exactitud de las cifras, es incuestionable que la ola migratoria ejerce en estos momentos una presión sin precedentes sobre las puertas de entrada del sur español y de Canarias. Sin duda, esta presión tiene que ver con la especie propalada por las mafias que trafican con los inmigrantes de que quienes se encuentren en territorio español antes del 21 de julio, fecha en que finaliza el periodo de regularización, podrán acogerse a ese beneficio legal y permanecer en España. A este respecto, llama la atención que los servicios exteriores de España -sus consulados en Marruecos y en los países subsaharianos- no se hayan apresurado a contrarrestar esa burda manipulación informativa.

Desgraciadamente, la desinformación respecto al contenido de la nueva Ley de Extranjería, propiciada en parte por el fiasco del Gobierno ante su aprobación parlamentaria, explica en buena medida el impresionante movimiento migratorio desencadenado en las últimas semanas. Si el propio Gobierno se encargó de tildar la nueva ley de "coladero", ¿por qué dudar de lo que dice el Gobierno? Los inmigrantes le han tomado la palabra, aunque luego se topen con una realidad muy distinta, en muchos casos dramática para ellos. La inmigración es un asunto cuyos riesgos ni pueden ingenuamente minimizarse ni magnificarse de forma malévola. Y que va a ocupar en los próximos años una buena parte de la política en toda la UE.

Si, como se afirma, el 68% de los jóvenes marroquíes quieren emigrar ante la pobreza de su país -¿ y qué decir de la juventud sin trabajo y sin esperanza de los países subsaharianos?-, es evidente que el problema de la migración atañe tanto a los países receptores como a los de emigración y requiere la estrecha colaboración entre ellos. Pero especialmente la de Marruecos, que actúa de país-lanzadera hacia Europa. La presión migratoria será un asunto clave de la visita que, hoy y mañana, realiza el presidente del Gobierno, Jose María Aznar, a Marruecos. Una política solvente sobre inmigración debe proyectarse también hacia los países que la originan. No basta con reformar la Ley de Extranjería, aunque algunos puntos, como el insuficiente control de las mafias, puedan y deban corregirse. O los europeos nos tomamos en serio la situación de esas zonas y contribuimos a su desarrollo económico o nos veremos obligados a importar su miseria en forma de desesperación y de conflictos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de mayo de 2000