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Sólo el 5% de los toxicómanos condenados disfruta de medidas alternativas a la prisión Los jueces, partidarios de la rehabilitación, optan por la cárcel ante la falta de medios

La mitad de los condenados que alegan drogodependencia lo son a menos de dos años de cárcel, plazo que establece el Código Penal para que los reos puedan disfrutar de medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, sólo el 5% de los condenados se benefician de ello, aunque para otro 14% queda en suspenso la condena. Un estudio de especialistas hecho para el Plan Nacional sobre Drogas demuestra que los jueces expresan ser partidarios de intentar la rehabilitación de los toxicómanos fuera de la cárcel, pero que las dificultades les hace optar por la institución carcelaria.

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En el Código Penal de 1995 se atiende a la reinserción por encima de la represión, especialmente cuando concurre la atenuante de drogadicción. Para penas menores a dos años, establece la posibilidad de recurrir a medidas alternativas a la prisión enviando el condenado a rehabilitación. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (véase EL PAÍS del 2 de mayo) incluso ha extendido tal recomendación para un condenado a una pena mayor al que, además, se le aplicaron atenuantes por su toxicomanía.El espíritu del Código Penal y los deseos de los jueces tienen una pobre aplicación práctica, según demuestra el estudio del Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD) hecho en 1998 sobre sentencias condenatorias dictadas en España en las que se alegaba la drogodependencia del acusado. Más de la mitad de ellas (el 55,3%) fueron inferiores a dos años, pero en el 80% de los casos los condenados fueron a prisión. Ninguna reconoció la eximente completa de toxicomanía.

El SIAD hizo, además, una encuesta entre magistrados. La mitad dijo que optaría por un tratamiento de rehabilitación si existiera un control riguroso.

Para los técnicos del SIAD, que asesoran a los jueces de Madrid y son sufragados por el Ayuntamiento de la capital, es evidente que los magistrados se resisten a aplicar medidas rehabilitadoras, pero también que faltan medios humanos que garanticen el seguimiento de los drogodependientes en programas de rehabilitación. "Hace falta gente que asesore y que verifique el cumplimiento de los programas", explican Alicia Gañán y Berta Gordon, directora y asesora técnica, respectivamente, del SIAD. "Ante la incertidumbre, el juez opta por la garantía que le ofrecen las prisiones".

Gañán y Gordon consideran que los recursos disponibles para el tratamiento de toxicómanos es suficiente para la demanda actual y no hay listas de espera (véase el gráfico de esta página). Pero los recursos quedarían cortos si la ley se aplicara con toda la compasividad que su espíritu contiene. Mil condenados se benefician cada año de medidas alternativas. Un estudio predijo que, aplicando el código, serían 7.000. "En ese caso, no habría recursos suficientes", sentencian las expertas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de mayo de 2000