La Cámara de Comercio de Bilbao retoma sus gestiones para la recalificación de su actual sede
La Cámara de Comercio de Bilbao ha retomado sus gestiones para recalificar los terrenos de su sede, una operación con la que pretende costear su traslado a un solar adyacente y que la oposición ha vinculado al pago de 100 millones al ex alcalde José María Gorordo. La entidad ha enviado un informe a todos los grupos municipales para recabar el apoyo a su proyecto de traslado, en el que niega tener "fines lucrativos". Pese a que hace varios meses hubo una propuesta para un cambio que permitiese construir viviendas, ahora dice que el fin es destinarlo sólo a oficinas.
La recalificación del suelo que ocupa la Cámara se intentó realizar en noviembre. El expediente de cambio de uso se tramitó para su aprobación en el pleno municipal, pero no llegó a tratarse por falta de apoyos: sólo el equipo de gobierno PNV-EA estaba a favor. Casi seis meses después, la Cámara de Comercio vuelve a intentarlo. Su director general, Juan Luis Laskurain, ex presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, ha enviado esta semana una carta a todos los partidos del Ayuntamiento en la que justifica la necesidad de la modificación urbanística del suelo del inmueble, con una superficie edificada de 7.500 metros cuadrados y en el que la Cámara ocupa cuatro plantas (la baja y las tres primeras), la Diputación, otra y RTVE, las tres restantes.En la misiva, Laskurain aduce que se pretende restituir a su tratamiento urbanístico "dado que anteriormente era de uso terciario figurando en el actual Plan General de Ordenación Urbana como equipamiento público". Explica cómo la Cámara aceptó compartir el edificio con otras entidades. "A la limitación que supuso para su futura expansión vender parte a otras entidades, se le vino a sumar una pérdida de posibilidades de transmisión de la parte de propiedad que conservó la Cámara, como consecuencia del cambio de calificación, ahora mucho más restrictivo que cuando se procedió a la compra del solar y a la posterior edificación del inmueble", dice en el informe enviado a los grupos.
Dificultades
El director general, que destaca la contribución de su entidad al desarrollo de Bilbao, añade que aquel cambio urbanístico "no fue apelado ni discutido ni dificultado" por la Cámara de Comercio. Por ello, considera que ahora que "se encuentra en una situación inversa tampoco se comprende que deba existir dificultad para recuperar la calificación inicial de la finca".
Revela que la Cámara mostró su interés en trasladarse al solar adyacente y construir allí un nuevo edificio en abril de 1998, en un escrito dirigido al entonces alcalde Josu Ortuondo. Señala que, desde entonces, hubo contactos con las áreas municipales de Urbanismo y Hacienda "sin que se vislumbrase inconveniente alguno" hasta que la correlación de fuerzas ha cambiado esta legislatura.
Laskurain rechaza "con total rotundidad" que la recalificación forme parte de "alguna operación política" o suponga "tintes lucrativos para la corporación cameral". No concreta los beneficios económicos de la operación, que figuran reflejados en un balance elaborado por la institución comercial el pasado año. En él, se detallaba que la venta de la sede actual, una vez recalificada, reportaría unos ingresos de 1.156 millones. Profesionales inmobiliarios han calculado que, con la construcción de viviendas, tendría un valor superior a los 3.000 millones. La prospección económica de la Cámara preveía la financiación de la nueva sede en cuatro años con un monto de 2.200 millones.
Laskurain niega ahora que se pretenda lograr un cambio urbanístico para construir viviendas, la opción más rentable. "Relacionar la recalificación con la construcción de viviendas de lujo es desconocer que lo que se pretende es el uso terciario del inmueble (oficinas)", dice el informe. Sin embargo, la propuesta que se retiró a última hora del pleno de noviembre hablaba del cambio a "uso residencial con el uso pormenorizado terciario".
La recalificación requiere, dada la situación de minoría del gobierno PNV-EA-ICV, de un giro radical de la oposición bilbaína, porque PP, PSE, EH e IU han mostrado su total rechazo. Antonio Basagoiti, portavoz popular, esgrimió ayer las "motivaciones políticas", en alusión al pago de los 100 millones a Gorordo por su despido en 1997 de su puesto en la Cámara. Añadió razones administrativas "porque no es procedente para el interés municipal. Luego, cualquier vecino puede venir al Ayuntamiento pidiendo un cambio urbanístico".
