La Audiencia decidirá si se juzgan en Euskadi los casos de vandalismo callejero

La Audiencia Nacional celebró ayer una vista para decidir en los próximos días si los casos de violencia callejera se juzgarán a partir de ahora en el País Vasco o en la Audiencia, como viene sucediendo. El abogado Iñigo Iruin, que ha actuado como acusación particular en el caso Lasa-Zabala, defendió ayer un caso concreto referido al incendio de una cabina de Euskotren, en agosto de 1998 en Irún (Guipúzcoa), pero pretende que el resultado se extrapole a todos los casos de violencia callejera que se tramitan en la Audiencia.El fondo de la cuestión radica en el artículo 577 del Código Penal, que establece: "Los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, cometieren homicidios, lesiones, (...) detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos o tenencia, tráfico y depósitos de armas o municiones, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido, en su mitad superior".

El letrado sostiene que el artículo 577 del Código Penal no es competencia de la Audiencia Nacional porque a su entender no se trata de terrorismo. Agrega que aunque la Audiencia Nacional no ha condenado nunca a nadie por este artículo, los jueces de instrucción lo utilizan para tratar a los autores de la violencia callejera como terroristas, incomunicándoles y haciéndoles pasar por la Audiencia en lugar de ser juzgados en el País Vasco por los delitos específicos que hayan cometido: estragos, incendios o desórdenes.

Iruin alegó que en muchos casos se trata de hechos aislados y que por ello, al no haber un grupo organizado y estable en el tiempo, no se puede hablar de terrorismo como ha establecido la sentencia del caso Marey y ahora la del caso Lasa-Zabala.

El fiscal Jesús Santos se ha opuesto a esta teoría y ha defendido que los hechos encajan exactamente en el tipo del artículo 577 invocado, que precisamente está recogido en el Código Penal en el capítulo relativo a los delitos de terrorismo y que responde a la finalidad y al espíritu del legislador. Iruin anunció que en caso de que la Audiencia no le dé la razón recurrirá al Tribunal Supremo, por ser un precepto sobre el que merece la pena que el alto tribunal se pronuncie.

Elgorriaga recurre

Por otro lado, el exgobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el teniente coronel Ángel Vaquero y los ex guardias Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo anunciaron ayer que presentarán recurso contra la sentencia del caso Lasa-Zabala, que les condenó a penas que oscilan entre 67 y 71 años de prisión.

Los condenados alegan fundamentalmente vulneración de derechos fundamentales, como el derecho al juez predeterminado, a la presunción de inocencia, a un proceso debido con todas las garantías y a la igualdad ante la ley, además de otras cuestiones formales.

Iruin, abogado de la acusación particular, también anunció recurso por infracción de ley porque no se ha condenado por pertenencia a banda armada, lesiones o torturas y detención ilegal superior a 15 días. El letrado no tiene previsto recurrir las absoluciones de Rafael Vera y Jorge Argote.