En Cataluña se ha pagado ya un billón en peajes y aún quedan por pagar otros cuatro

VIENE DE LA PÁGINA 1 Para los periodos que faltan hasta el final de las concesiones, los beneficios de las concesionarias serían de 1,37 billones más, según las estimaciones hechas por Jordi Carrillo.

Carrillo trabaja con los datos oficiales facilitados por los planes económico-financieros de las propias empresas en poder de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Su opinión, no obstante, es que los planes calculan a la baja y pone como ejemplo lo ocurrido en ACESA en los dos últimos años. Para 1998, la empresa declaraba una expectativa de ingresos de 59.291 millones de pesetas que, tras las rebajas, debía caer en 1999 hasta los 54.310 millones. Los ingresos reales fueron 60.953 millones en 1998 y 59.953 en 1999.

En Cataluña operan seis concesionarias. Cuatro de ellas explotan tramos dependientes de la Generalitat de Cataluña y las otras dos, las mayores en número de kilómetros explotados, tienen concesiones hechas en su día por el Gobierno central. La principal conesionaria es ACESA (Autopistas Concesionarias Españolas, Sociedad Anónima). La empresa explota 541 kilómetros, de los que 440 están en territorio catalán. Esto supone el 80% de su negocio, pero el 92% de sus ingresos.

La segunda concesionaria, por número de kilómetros, es Aumar, que recorre el litoral mediterráneo desde Salou hacia el sur. De los 467,6 kilómetros que explota esta concesionaria, 87,4 se hallan en Cataluña. Esto supone el 19% de la concesión y el 21% de sus ingresos.

Estas dos operadoras trabajan con concesiones del Gobierno central. No obstante, algunos de los tramos que explota ACESA (la A-19, que recorre el litoral por la comarca del Maresme, y el tramo de la A-17 que va de Barcelona a Mollet del Vallès) no dependen ya del Gobierno central al haber sido transferidos a la Generalitat.

Estos tramos reúnen dos características comunes: discurrían íntegramente en territorio catalán y habían pagado los préstamos, contraídos en moneda extranjera, por lo que la Administración ya no tenía que asumir el seguro de riesgo.

Las otras concesionarias explotan tramos concedidos por el Gobierno catalán. Dos son privadas y las otras dos de la Generalitat. Las primeras son Autema, que gestiona la autopista entre Sant Cugat y Rubí, y entre Terrassa y Manresa, y Aumar, que tiene la concesión de la A-16, que enlaza el Baix Llobregat con El Vendrell a través de los túneles del Garraf.

Las dos públicas son Tabasa, que explota el túnel de Vallvidrera, y Túnel de Cadí, que tiene la concesión del enlace entre el Berguedà y la Cerdanya. Carrillo anota en su estudio: "Las que tenían cierto interés son privadas y las problemáticas acaban siendo públicas".

Un portavoz de ACESA declinó ayer comentar estas cifras, asegurando que la empresa no tiene nada que decir.

Además de Jordi Carrillo participan en el informe el diputado socialista Germà Bel, los economistas Pere Lleonart y Josep Vergès y Lluís Ballbé, de la Federación Catalana de Municipios. Albert Serratosa, responsable hasta hace poco del plan territorial metropolitano, ha hecho la introducción.

El libro de Òmnium Cultural ha cabalgado antes de nacer. Los estudios realizados por Jordi Carrillo han servido de base para las teorizaciones del Consorcio Xarxa Viària, que persigue la supresión de los peajes en Cataluña de un modo gradual. Otro de los capítulos, elaborado por el profesor de Política Económica y hoy diputado socialista Germà Bel fue asumido en su momento por el PSC y defendido por el propio Joaquim Nadal como documento base en materia de peajes.Este estudio, incorporado a los trabajos realizados por la comisión sobre peajes del Parlament, recoge un plan para suprimir las tarifas de las autopistas en el año 2006.

Las primeras voces que hablaron del rescate de las concesiones se encontraron con respuestas tajantes que aseguraban que esto era imposible. El propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se sumó a quienes negaban la posibilidad del rescate asegurando que esto costaría no menos de un billón de pesetas. Pujol añadió que, en caso de disponer de esta cantidad, el recate de las autopistas no sería la primera prioridad del Gobierno catalán. El presidente retó a quien tuviera una solución a que la pusiera sobre la mesa y eso es lo que ha tratado de hacer Xarxa Viària.

La comisión parlamentaria encargó un estudio sobre el rescate de los peajes en el que se sugería que el coste oscilaría entre el medio billón y el billón de pesetas.