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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Tarifas y alianzas

Telefónica ha retornado espectacularmente al escaparate de la actualidad gracias a su política de alianzas, por una parte, y a su modelo de tarifas, por otra. La alianza que negocia con el grupo holandés KPN disparó ayer su valor en Bolsa casi el 10%, debido a las expectativas de que la hipotética unión de ambos grupos conforme el noveno grupo mundial por capitalización bursátil. Pero las negociaciones con la firma neerlandesa sirven también para recordar que la búsqueda de socios internacionales estables es una cuenta pendiente en la gestión de Juan Villalonga. Cabría preguntarse si la operación con KPN, de naturaleza no desvelada todavía, correrá en el futuro la misma suerte que las otrora muy publicitadas y ya olvidadas alianzas con British Telecom o MCI-WorldCom.Pocos días antes de que Telefónica recuperase parte de su capitalización bursátil a costa de las negociaciones con KPN, la Comisión Europea anunciaba que pedirá al Gobierno español que perfeccione la competencia en el mercado telefónico. Considera el comisario de la Competencia, Mario Monti, que en España se mantiene un desequilibrio en la estructura de tarifas, porque el abono mensual que cobra Telefónica a los 19 millones de líneas que sirve es muy bajo -1.442 pesetas más IVA- y que, al mismo tiempo, los precios de las llamadas locales son excesivamente altos. La inquietud de Bruselas se extiende también a Alemania e Italia, países a los que también enviará una carta de emplazamiento -trámite previo a la apertura de un expediente sancionador- para que corrijan las deficiencias de sus mercados; pero tal circunstancia no debe servir de excusa a los nuevos responsables de las telecomunicaciones españolas, que deberían explicar rápida y oficialmente cuál es su posición al respecto.

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España ha perdido, en parte, el último lustro en vacilaciones acerca del alcance de la liberalización. Aunque todos los actores -Gobierno, Telefónica, nuevas operadoras y partidos de oposición- defienden verbalmente la apertura total, parece existir una severa dificultad para fijar una política de precios que elimine las múltiples herencias del monopolio de las que aún disfruta Telefónica.

La advertencia de Bruselas sugiere una línea de acción al nuevo Gobierno: reducción de las tarifas de la telefonía local, que es precisamente donde todavía se mantiene el monopolio de Telefónica, y actuaciones más relajadas en aquellos ámbitos del servicio -llamadas interprovinciales, internacionales y otras- en los que ya se ha iniciado la competencia. Éste es precisamente el esquema que menos gusta a la operadora española, partidaria de que se establezca un marco tarifario global que permita a la compañía fijar precios en los distintos servicios en función de sus intereses. Un esquema que no favorece la liberalización del sector y que el Gobierno debe corregir en la senda trazada por Bruselas.

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