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Las instituciones alertan de la desaparición de la huerta si no se adoptan medidas urgentes

Ferran Bono

La huerta valenciana está en peligro. Su desaparición supondría una pérdida irreparable en la calidad de vida de la ciudad en términos medio ambientales, paisajísticos, sociales y culturales. Las 11 instituciones y entidades consultadas, entre ellas las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente, por el Consell Valencià de Cultura (CVC), con motivo del dictamen que está preparando, coinciden en el diagnóstico pesimista y en la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección. Pero la presión urbanística y el abandono de la actividad continúa inexorable.

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La Generalitat parece tener muy clara la importancia de este singular espacio natural de la comarca de l'Horta a tenor de los informes elaborados por las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas y Urbanismo para el CVC, el órgano consultivo en materia cultural que tiene previsto presentar sus conclusiones sobre la cuestión este mismo mes.Pero las buenas intenciones manifestadas por las instituciones políticas competentes no se han traducido en una decidida acción de gobierno en defensa del área metropolitana y de este espacio, cuyo "valor es mucho mayor que el de la estricta contribución al PIB regional", señala Obras Públicas. De hecho, la destrucción de la huerta no se ha detenido, sino que avanza a un ritmo que ha hecho saltar la voz de alarma. Una situación que hizo que el Grupo Cavanilles, una plataforma cívica, trasladara el tema hace unos meses al Consell Valencià de Cultura.

En su audiencia ante el CVC, esta última consejería apunta la posibilidad de declarar toda la huerta Bien de Interés Cultural, al tiempo que afirma sin ambages la conveniencia de conservar bajo este nivel de protección "la red de acequias históricas y tradicionales de la huerta valenciana; conservando su perímetro original y su configuración abierta" (no existe ni inventario). Además, aboga por la redacción de un Plan Especial para la Protección del Patrimonio Rural.

Medio Ambiente, por su parte, subraya que "hay que abordar sin dilación este problema [la amenaza que se cierne sobre la huerta] desde una óptica global y de consenso social, estableciendo criterios de protección y definiendo un modelo futuro para la huerta que establezca, de una vez por todas, el papel territorial que los valencianos queremos otorgar a este espacio". Este departamento insiste en que se ha de realizar una radiografía de la situación real previa a la adopción de medidas. Como la planificación territorial "tendrá que ser supranacional, deberá aunar intereses muy distintos y coordinar diferentes administraciones. Por todo ello, Medio Ambiente propugna un pacto social.

Los factores que inciden directamente en el futuro de la huerta son: la escasa o nula rentabilidad de la huerta debido a la proliferación del minifundismo, que la hace muy vulnerable a la presión urbanística, según señala la consejería de Agricultura; el poco interés que despierta en las generaciones herederas de las tierras y el atractivo de la revalorización del suelo, añade Obras Públicas; y la contaminación de suelo y aguas, agrega Medio Ambiente.

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El CVC se he reunido con un total de 11 instituciones y entidades, como el tradicional Tribunal de les Aigües, que ha denunciado la falta de apoyo económico e institucional a la huerta, al igual que la Universidad de Valencia. Ésta, además, ha puesto plazo a la destrucción de este espacio natural: en 50 años desaparecerá si no tiene protección, para lo cual es imprescindible un pacto social.

La Real Séquia de Montcada, la Agència Valenciana de Turisme -que subraya la inexistencia de estudios sobre el área metropolitana-, el ayuntamiento de Alboraia, la Associació La Unificadora de La Punta, y el embajador permanente de España en el Consejo de Europa, Guillermo Kirkpatrick -quien se mostró muy receptivo y dijo que defendería en la UE la conservación de la huerta- han sido otras de las instancias consultadas.

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Sobre la firma

Ferran Bono
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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