Alicante no dispondrá de nuevos colegios para cumplir con la LOGSE hasta finales de 2002

La ciudad de Alicante no dispondrá de los seis nuevos centros educativos que precisa para alcanzar los objetivos de la LOGSE al menos hasta finales de 2002. La fórmula de financiación conveniada en 1997 entre la Consejería de Educación y los ayuntamientos valencianos más importantes, para que éstos adelantaran los fondos necesarios para acometer las construcciones, ha fracasado en Alicante. Según ese convenio, los colegios se tenían que haber inaugurado antes de diciembre de 1999, pero todavía no se ha iniciado ninguna de las obras. La educación pública está bajo mínimos.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del PP, argumentó ayer problemas técnicos y burocráticos para explicar el retraso en la construcción de los seis centros públicos que necesita la ciudad, y que según sus propias previsiones debían estar funcionando desde diciembre del año pasado. En el transcurso de un tenso debate plenario, el propio alcalde, Luis Díaz Alperi, reconoció no estar "satisfecho" de cómo ha funcionado el convenio de financiación suscrito con la Consejería de Educación en 1997, merced al cual el Consistorio adelantaba el dinero para las obras, que el Consell se comprometía a devolver en el momento que fuera posible."Aquel convenio", señaló el alcalde, "se hizo con la clara conciencia de que conseguiríamos los centros con mayor celeridad que si los construyera la Generalitat, pero era una cuestión novedosa y hemos tenido que salvar muchos inconvenientes". Todos los grupos municipales coincidieron en que dar marcha atrás ahora y devolver la pelota a Educación para que construya los centros, implicaría mayores retrasos todavía.

Entre los inconvenientes y problemas técnicos que han impedido el desarrollo del programa, llama la atención un error de bulto que el PP achaca a un olvido: el convenio no contempla la financiación de los proyectos de obra, estudios de seguridad de los centros ni la dirección de las obras.

Los partidos de la oposición cuestionaron la voluntad política del PP por la calidad de la enseñanza pública, y le exigieron responsabilidades por ello. La situación de los colegios es, a su entender, "insostenible", dados los problemas estructurales que surgen "demasiado a menudo". Por ello, tanto EU como PSPV calificaron de "fraude político" el acuerdo con la consejería, que después de tres años no ha dado resultados.

La prórroga del convenio plantea que Educación asuma el aumento de precios de los proyectos en marcha.