Justicia y economía.

Cuando se distribuya la foto del nuevo Gobierno, los interesados en el progreso de nuestra economía deberán fijarse en quien ocupe la cartera de Justicia. Porque no es una exageración decir que la reforma de la justicia es una de las que pueden beneficiar más a la economía española. No es que lo demás no sea importante, pero, o no depende ya de nosotros, o ya se ha hecho, o se ha decidido dejarlo para más adelante. El tipo de interés y el de cambio son variables muy importantes para la coyuntura económica pero, dado que no somos Alemania, aunque se nombrara ministro de Economía al más incapaz e inútil, las empresas españolas seguirían con el mismo tipo de cambio y el mismo tipo de interés. Otras reformas importantes ya se han llevado a cabo durante los últimos 25 años. Y en cuanto a las que quedan por hacer (energía, laboral), al haberse supeditado su contenido al acuerdo con los que pueden verse perjudicados por las mismas, seguirán haciéndose, como en los últimos años, de mentirijillas.La justicia debe reformarse no sólo porque los españoles tengan de ella una opinión muy negativa, sino por los efectos perniciosos que está teniendo sobre la economía. De todos los problemas que genera, el más perjudicial es el de las largas dilaciones de los pleitos y la ejecución de las sentencias. Procedimientos pensados para la mejor defensa de los ciudadanos han conseguido dejarles en la mayor de las indefensiones: la justicia en España llega siempre muy tarde. En los pleitos civiles los jueces acaban dando la razón a tres de cada cuatro demandantes pero ello vale de poco. La tardanza favorece a quienes incumplen los contratos, con lo que se ataca al corazón de la economía de mercado. Por si hubiera pocos caraduras en España, nuestra justicia los promueve.

El nuevo ministro tiene una gran ocasión para reformar la justicia. A diferencia de otras reformas, aquí nadie debe salir perjudicado porque nuestra justicia mejore. Aquí no hay gremios o monopolios que vayan a perder dinero o poder con esta reforma. Los jueces están deseando la reforma pues están sufriendo, además de la pésima consideración de su trabajo por parte de los ciudadanos, una situación insoportable: 3.600 jueces dictan más de un millón de sentencias al año. Y eso gracias a que otro millón de asuntos se resuelven por sí mismos. Es verdad que todavía hay algunos abogados que se oponen a la reforma pensando que sus minutas se van a reducir si se acorta la duración de los pleitos, pero bastaría con mostrarles que en aquellos países, como EEUU, donde la justicia funciona razonablemente, los abogados obtienen sustanciosas remuneraciones. Estos últimos años pueden verse como preparatorios de la reforma. En la pasada legislatura ha sucedido en la justicia lo contrario que en otros sectores, donde había un discurso prometedor pero luego, o no se cumplía, o incluso se hacía lo contrario de lo que se decía. En la justicia lo que se anunciaba era preocupante como, por ejemplo, el aumento del corporativismo en el gobierno de los jueces, pero mientras tanto se han dado algunos pasos adelante como, por ejemplo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es una reforma tímida e insuficiente para reducir las dilaciones, pero que va en el sentido correcto.

Confiemos en que el nuevo Parlamento apruebe todas aquellas reformas que, como las de los procedimientos, no requieren dinero, pero también tendrá que dotar de más recursos a la justicia. El presupuesto de este año dedica a la justicia 150.000 millones, y las comunidades gastan una cantidad similar. Si utilizamos como unidad de medida lo obtenido por los directivos de Telefónica (1 stock option = 80.000 millones pesetas), el Presupuesto de Justicia no llega a 2 stock options. Habrá que hacer un esfuerzo, porque la economía de mercado no funciona sólo gracias al deseo de lucro privado sino también sobre la base del buen funcionamiento de instituciones públicas como, por ejemplo, la justicia.