¿Intervención absoluta? No, gracias
En las últimas semanas, la Comunidad Valenciana ha sido protagonista de un intenso, apasionado y también distorsionado debate que, centrado de manera exclusiva en una problemática coyuntural, ha obstaculizado el que desde posicionamientos serenos y carentes de prejuicios pudiera reflexionarse sobre el sentido más profundo de lo que estaba sucediendo. Una vez más, los árboles nos han impedido ver el bosque, lo que ha supuesto que desperdiciáramos la oportunidad de enfrentarnos a una de las cuestiones que más interés y controversias generan dentro de la política cultural. Me refiero al papel que deben asumir las instituciones políticas y, en especial, las administraciones autonómicas en las tareas de difusión, promoción y descentralización artístico-cultural.Lejos quedan ya, por fortuna, los intentos jdanovistas de crear por vía totalitaria un modelo de intervención estatal como el derivado del realismo socialista. Lejos, también, permanece esa aberrante definición degenerada con la que el nazismo tildó a todas aquellas tendencias artísticas que no se ajustaban al pompierismo reaccionario del Tercer Reich. El error, y el consiguiente horror, cultural cometido por ambos regímenes se basó en haber despreciado aquello que la modernidad -esa pasión crítica de la que hablaba Octavio Paz- había traído consigo, no sólo la superación de los códigos de representación tradicional, sino también el reconocimiento de la autonomía estética y de la necesaria libertad creadora.
Éste, y no otro, es el punto de partida en el que debe apoyarse una política cultural que, siendo abierta y pluralista, desee además actuar de forma tolerante y respetuosa con la diversidad del propio tejido social al que representa, una diversidad que, más que necesaria, resulta consustancial a esa misma cultura. Las instituciones no deben imponer modelos, sino consensuar caminos de expresión y abrir vías de diálogo, ya que todo proyecto cultural que intente ser impuesto desoyendo las necesidades de la sociedad a la que sirve está condenado al más rotundo de los fracasos. Y para refrendar este hecho, ahí está el dramático divorcio vivido entre la "cultura institucional" y la "cultura real" de nuestro país a lo largo de una extensa etapa del siglo XX
Ahora bien, asumido este carácter, no podemos olvidar que las instituciones tienen que asumir un papel dinamizador que en modo alguno está reñido con el respeto a esa rica diversidad, llena de contrastes y mezcolanzas, que conforma la actual realidad cultural del Estado español. Consciente de esta tensión -así como de su difícil pero necesario equilibrio-, el Gobierno de la Generalitat valenciana, y en especial el presidente Eduardo Zaplana, ha apostado de manera decidida e innovadora por el apoyo a todo un conjunto de propuestas legislativas tendentes a facilitar la interrelación positiva de los ámbitos cultural y político-institucional, evitando cualquier intromisión imperativa que tanto ahora como en un futuro pudiera ser emprendida desde el último de estos campos hacia el primero. Por medio de estas iniciativas, no se ha intentado controlar ideológicamente los proyectos culturales emprendidos, actitud que supondría el reconocimiento de un necio y desfasado totalitarismo, sino favorecer la existencia de unos canales auténticamente participativos a través de los cuales pudiera manifestarse la pluralidad de planteamientos y necesidades que definen el hecho artístico y cultural en la contemporaneidad.
Frente a modelos intervencionistas e impositivos que conscientemente ignoran a los propios protagonistas y agentes culturales, el Gobierno valenciano ha considerado pertinente dotar de capacidad ejecutiva a quienes poseen esa capacidad, ya sean o no afines a unas siglas políticas, ya sean o no partícipes de unas determinadas concepciones sociales, ideológicas o estéticas. Así, frente a un modelo sustentado en la intervención absoluta, el Gobierno popular se ha decantado -como hasta la fecha no lo había hecho ningún otro Gobierno valenciano- por una gestión participativa basada en decisiones consensuadas. Decisiones que fundamentalmente han ido dirigidas a cubrir cuatro grandes objetivos: la proyección de nuestra cultura en un contexto globalizado, la creación de unas infraestructuras plurales que posibiliten la descentralización, el diálogo entre la esfera institucional y la cultural y, por último, la potenciación de foros centrados en el análisis, el debate y el intercambio.
¿Lo apuntado son únicamente palabras, declaraciones programáticas carentes de realidad? En absoluto. La gestión realizada en estos últimos años ha permitido al Gobierno de Zaplana mostrar ante los ciudadanos y ciudadanas la realidad de un proyecto sustentado en hechos. Y éstos son por sí mismos más que elocuentes. Tan elocuentes que no queremos ahora referirnos ni a las exposiciones organizadas desde el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana (más de medio millar desde su creación, en 1996) ni mencionar a los más de 300 artistas exhibidos tanto dentro como fuera de nuestra Comunidad. Tampoco deseamos incidir en la potenciación de espacios expositivos ya existentes (Museo de Bellas Artes de Valencia y Lonja del Pescado de Alicante) ni aludir a la puesta en marcha de nuevos centros, como la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), el recientemente inaugurado Museo del Siglo XIX en Valencia o la ampliación de la que está siendo objeto el IVAM para poder mostrar una parte representativa de sus fondos. ¿Acaso son también palabras la realización durante este próximo otoño de un Encuentro Mundial de las Artes o la celebración el próximo año de la Bienal de las Artes Plásticas?
Como puede observarse, es mucho más fácil criticar desde el prejuicio o la ignorancia interesada que reconocer la solvencia de una gestión que, a pesar de ser susceptible de mejora, cuenta con aciertos que nadie puede ya poner en duda. Y ha sido precisamente en los países y ciudades con los que hemos mantenido un contacto más estrecho (Buenos Aires, Montevideo, São Paulo, México DF, La Habana, Nueva York, Lisboa, Brujas, París, Florencia, Roma y un largo etcétera) donde hemos podido constatar, gracias al apoyo recibido, el valor y la importancia del esfuerzo realizado en tan breve espacio de tiempo.
Sin embargo, de nada de ello se ha hablado en estas últimas semanas, ya que se ha preferido utilizar la demagogia y la sinrazón antes que la serenidad y la reflexión. Al respecto, resulta incomprensible que un Gobierno que ha centrado su gestión en la creación de institutos autónomos paralelos al IVAM y a Teatres de la Generalitat -tal y como ha sucedido con el Instituto Valenciano de la Música, el Instituto de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay o el Instituto de Conservación y Restauración de la Comunidad Valenciana-, y que, además, está en la actualidad elaborando una Ley del Teatro, sea tildado de inmiscuir criterios extraculturales en el discurso artístico. Nunca, y ya lo hemos señalado antes, Gobierno alguno había realizado una apuesta tan decidida por dotar de autonomía a los ámbitos artísticos, teatrales, musicales y cinematográficos. Asimismo, nunca se había dotado de tanto poder de decisión y capacidad ejecutiva a los consejos rectores de estos órganos, consejos en los que la presencia institucional se encuentra en evidente -y deseada- minoría frente a la participación técnica y profesional.
¿Continúa siendo esto una rutinaria declaración programática? En modo alguno lo creo. En cualquier caso, no me preocupa la discrepancia, ya que la misma siempre puede ser estimulante y fructífera. Lo que me desagrada es el descrédito injustificado o la boutade simplista y descalificadora. Con todo, antes prefiero el sinsabor de esas torpezas que el uso de una confrontación sistemática y antidemocrática que desprecie cualquier diálogo.
Consuelo Ciscar es directora general de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat valenciana.
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