La Consejería de Educación multiplicó por seis el gasto en aulas prefabricadas en cuatro años

El gasto en instalaciones y alquileres de aulas prefabricadas para satisfacer la demanda escolar ante la carencia de centros públicos suficientes y adecuados en la Comunidad Valenciana se multiplicó por seis entre 1995 -año en el que el PP logró el poder autonómico- y 1998. Sólo en ese último año, la Consejería de Educación abonó más de 365 millones de pesetas en arrendamientos de aulas modulares destinadas a los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria. Por una aula de 120 metros cuadrados, Educación paga 192.922 pesetas mensuales, además de 864.896 pesetas por su montaje.

Según una respuesta parlamentaria del consejero de Educación, Manuel Tarancón, en la provincia de Valencia se han instalado aulas prefabricadas en 79 centros públicos, aunque en 25 de ellos ya se han desmontado. En Castellón se mantienen 28 colegios e institutos con barracones y en Alicante se desmontaron en 23 colegios y se mantienen en 79. El precio del montaje y alquiler de las aulas varía según su tamaño. Por la más pequeña, de 15 metros cuadrados, Educación paga 24.114 pesetas mensuales de arrendamiento y 21.114 por su instalación. La más grande, de 120 metros, cuesta 192.000 pesetas al mes, más 864.896 pesetas de montaje. También se abona el desmontaje. Y no poco. Desmantelar un aula grande cuesta a la consejería 154.454 pesetas.

El dinero invertido por la consejería en aulas prefabricadas se ha incrementado espectacularmente entre 1995, año en el que el PP accedió a Ejecutivo valenciano, y 1998. En 1995, Educación abonó poco más de 60 millones de pesetas. Al año siguiente la cifra superó los 97 millones. En 1997 descendió a 88,6 millones y en 1998 el gasto se disparó por encima de los 365 millones de pesetas, a razón de un millón de pesetas al día. El incremento alcanza un porcentaje del 600 por cien o, lo que es lo mismo: Educación multiplicó por seis el gasto en esos cuatro años. En la respuesta parlamentaria no aparecen los datos de 1999.

Empresas

Desde la llegada del PP al poder autonómico tres empresas copan los contratos de montaje y alquiler de aulas. Se trata de dos firmas madrileñas, Alquimodul, SA, y Wiron Prefabricados Modulares, SL, y una alicantina, Jahuel, SL.

En otra respuesta de Tarancón a una interpelación de la diputada socialista María Dolores Mollá, el consejero cifra en más de 290 millones de pesetas la cantidad que Educación ha pagado entre 1995 y 1999 en concepto de alquiler de locales y edificios en los que se imparten enseñanzas regladas por la LOGSE.

Proporcionalmente al número de centros es la provincia de Alicante la que cuenta con más aulas provisionales. Según Mollá, el problema de provisionalidad de las prefabricadas lleva aparejado el incumplimiento de los nuevos ciclos formativos previstos en el mapa escolar. Como no se construyen los colegios, explica, Educación no amplía los ciclos en los centros públicos. Sin embargo, denuncia, éstos sí se aumentan en los centros concertados y academias privadas, "porque el coste para la consejería es cero". Para la concejal del grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante Carmen Sánchez Brufal, el incremento del gasto en la instalación de prefabricadas es "un parcheo" que persigue el "hundimiento" del sistema público.