Poblaciones con déficit endémico de centros educativos
Dos años después de que el ex consejero de Educación, Francisco Camps, afirmara por estas mismas fechas que "gracias al PP los barracones y los dobles turnos están tocando a su fin", sus declaraciones políticas han quedado reducidas a una frase al uso, más que a una realidad. El actual "mapa escolar de barracones" habla de un incremento sustantivo de aulas prefabricadas (de 40 municipios a 69). Pero, sobre todo, refleja que en determinados municipios -gobernados por la oposición- el déficit de construcciones educativas es endémico por falta de presupuesto. Los núcleos urbano-industriales y cabeceras comarcales más importantes siguen hoy igual que ayer; es decir, que hace cinco años. Éste es el caso de Manises, localidad gobernada por el PSPV-PSOE hasta el pasado 13-J, que sigue con tres institutos en aulas prefabricadas; Mislata, que conserva las mismas tres instalaciones de barracones que hace dos años; el gran núcleo urbano de Torrent (también gobernado por socialistas) donde el déficit de aulas ha obligado a colocar cinco prefabricas; y Utiel, también en manos del PSPV hasta hace unos meses. La ciudad de Valencia es considerada por la portavoz socialista, Ana Noguera, "un caso aparte de abandono sistemático" desde que llegó al poder el PP hace ya diez años. Los barracones se han instalado de lleno en barrios periféricos y obreros, como Orriols, Marítim, El Grau y Benimàmet.
"Chabolismo" en Alicante
En Alicante la situación de "chabolismo" que vive la enseñanza pública a juicio de Esquerra Unida (EU), se ha perpetuado, pasando de 17 municipios a los 34 que hay en la actualidad. La tónica reproduce el esquema de la provincia de Valencia. El caso más flagrante es el de Elche, gobernado por el PSPV, que con 200.000 habitantes tiene que atender a la población escolar en cinco instalaciones prefabricadas diferentes. Ciudades como Orihuela (con 50.000 habitantes), Dénia (30.000 habitantes y San Vicent del Raspeig (40.000) siguen, desde que Francisco Camps asegurara que los "barracones han tocado su fin", en instalaciones precarias.
La causa -a juicio de Esquerra Unida, que ha llevado un seguimiento puntual de los barracones en los últimos cinco años- está en la baja ejecución del presupuesto para infraestructuras escolares llevada a cabo por el PP. Un año antes de implantarse los barracones en medio centenar de poblaciones, en 1997, de 12.950 millones presupuestados, el Consell sólo ejecutó 6.692, menos del 50%. El coste de las 58 aulas prefabricadas habilitadas ese año y el siguiente fue de 46 millones para las instalaciones y más de 150 para mantenimiento anual. Excepciones notables aparte, como el caso de Mutxamel, donde la consejería pagaba dos millones de pesetas mensuales por locales alquilados al colegio privado Cebat.
