Vizcaya atiende a domicilio a 4.500 personas, 4 veces más que en 1985

El número de beneficiarios por el servicio de ayuda a domicilio en Vizcaya se ha cuadruplicado en los últimos 15 años. De las 1.167 personas atendidas en 1985 se ha pasado a 4.528 durante 1999, según los datos aportados por la Diputación foral y los ayuntamientos vizcaínos. Esta prestación, que consiste en una atención directa en el hogar a quienes tienen problemas en las actividades diarias cotidianas, existe ya en los 111 municipios vizcaínos, cuando hace quince años se limitaba a 80 localidades.El Departamento de Acción Social de Vizcaya y Eudel, la asociación vasca de municipios, han firmado el convenio para este año, que establece una partida de más de 1.415 millones de pesetas para esta labor social. La Diputación financia cerca del 75% y el resto recae en los ayuntamientos, que son los gestores del servicio.

El presidente de Eudel y alcalde de Leioa, Karmelo Sáinz de la Maza, reveló que actualmente hay 1.041 personas trabajando en el servicio de ayuda a domicilio, una labor que calificó de "prestación básica del sistema público de servicios sociales, que ofrece un servicio integral de apoyo a las personas y a las familias para garantizar la permanencia en el propio hogar y su entorno".

Más cerca de Europa

El diputado de Acción Social, Ricardo Ansotegi, destacó que los beneficiarios "se han multiplicado por cuatro" y consideró que la "demanda está satisfactoriamente completa pero hay que seguir aportando más recursos. A medida que se crean nuevos, surgen más necesidades porque esta labor ha sido llevada a cabo por los familias".

Ansotegi afirmó que los 4.528 beneficiarios del pasado año supone un acercamiento a la cobertura existente en Europa. "Aquí tenemos un ratio de un 3% y en Europa es del 5%", dijo. Actualmente existen en Vizcaya 187.000 personas mayores de 65 años, colectivo en el que se centra la ayuda domiciliaria.

Este servicio se vio envuelto en la polémica a principios de los 90, cuando creció con rapidez y las instituciones no pudieron hacer frente a sus costes, lo que provocó su desaparición en municipios y una fuerte conflictividad con los trabajadores, que reclamaban su integración en las plantillas de los ayuntamientos. El personal también ha denunciado durante los últimos años su precariedad laboral.

El convenio firmado entre la Diputación vizcaína y Eudel también incluye una partida de 605 millones para los servicios sociales de base de los ayuntamientos, que es el primer escalón en la labor social, puesto que recoge las demandas y quejas ciudadanas tanto referidas a los mayores, discapacitados, infancia, mujer o malos tratos. Ansotegi señaló que cada año se atienden cerca de 935.000 consultas, visitas o peticiones, a cargo de los 46 servicios sociales de base en Vizcaya atendidos por 177 personas: 111 de personal técnico y 66 de personal administrativo.