La deuda autonómica

Los 5,3 billones de pesetas de deuda que soportan las comunidades autónomas son motivo de preocupación para todos, empezando por los responsables autonómicos, principalmente en los casos de Cataluña, Andalucía y Galicia, debido a su elevada cuantía. En el caso de la deuda de la Generalitat catalana, además, ha dejado de ser un asunto estrictamente financiero para convertirse en un serio problema político.A lo largo de sus 20 años de Gobierno, el endeudamiento comprometido por la Administración de Jordi Pujol no ha cesado de crecer a pesar de unos sucesivos acuerdos con el PSOE y el PP que, según Pujol, deberían haber proporcionado muy buenos dividendos. Los últimos datos del Banco de España sitúan a Cataluña como la comunidad más endeudada, tanto en términos absolutos como relativos. Su deuda asciende a 2,4 billones de pesetas si se cuentan los organismos autónomos y comerciales. Le siguen, a cierta distancia, Andalucía, con un billón, y la Comunidad Valenciana, con 665.000 millones de pesetas.

La cuestión está en cómo se financia esta deuda. El órgano equivalente en Cataluña al Tribunal de Cuentas advertía recientemente de que la carga financiera ascendería a unos 162.000 millones en el año 2000, casi lo mismo que el presupuesto de inversiones, que es de 178.000 millones. Pujol no ha querido afrontar nunca este desbarajuste. Para el líder nacionalista la deuda es sólo consecuencia de la mala financiación. La parte de razón que pueda tener en ese punto queda neutralizada por el hecho de que es él mismo el que ha negociado esa financiación con el Gobierno central, y ha celebrado en varias ocasiones los "éxitos" obtenidos. La incapacidad de Pujol para resolver el problema ha terminado por irritar a todos los partidos, los de la oposición e incluso al PP, su aliado. Y tras el resultado del 12-M ya no es posible la continuación de su política de parches.

El gasto descontrolado ha acabado por devorar el estilo de gestión de Pujol, que confió siempre en un arreglo extraodinario en el futuro. Financiación suficiente y responsabilidad en la gestión son dos caras de una misma moneda, pero que no deben confundirse. El Gobierno de Aznar deberá acordar con todas las autonomías una fórmula de financiación suficiente y cerrar el conflicto. Pero en el caso catalán quizá será necesario además un pacto con las demás fuerzas para rebajar los gastos corrientes como ha propuesto el líder de la oposición, Pasqual Maragall, sin abandonar las inversiones necesarias.