El Gobierno muestra su inquietud porque no disminuye la fuerte deuda de las autonomías

La deuda de las comunidades autónomas se mantiene por encima de los cinco billones de pesetas (5.352.333 millones), según los datos del tercer trimestre de 1999 ofrecidos por el Banco de España. A Cataluña y Andalucía les corresponde casi la mitad de la misma. El Gobierno muestra su inquietud porque la deuda debe reducirse para poder cumplir el Plan de Estabilidad con la Unión Europea. El PSOE, que gobierna en seis de las 17 comunidades, le responsabiliza de la deuda, sin embargo, por "los fallos del modelo de financiación autonómica, que obliga a las comunidades a endeudarse".

El cuadro de la deuda que tienen las comunidades marca cierta estabilidad ante el año 2000 tras un ascenso vertiginoso desde 1991 hasta 1997, el cual llevó al Gobierno a comprometerlas en un plan de sobriedad e incluso a amenazarlas con sanciones ante el serio riesgo de no poder cumplir el Plan de Estabilidad con la Unión Europea. Cataluña (1,4 billones) y Andalucía (999.166 millones) permanecen a la cabeza de las autonomías, por su deuda, desde 1991 y les corresponde casi la mitad de la global. Les siguen inmediatamente el País Valenciano (665.666 millones) y Madrid, que se acerca al medio billón (482.666 millones). Cataluña está a la cabeza no sólo en los términos absolutos, sino también en los relativos: 223.014 pesetas por habitante en diciembre de 1998 (los últimos datos disponibles en este apartado). Le siguen Navarra, con 214.763 pesetas; el País Vasco, con 163.917; Galicia, con 156.724, y el País Valenciano, con 151.363. Todas estas comunidades, las más endeudadas, tienen en común que gestionan los servicios más caros, la enseñanza y la sanidad, traspasados por el Estado. Por contra, Castilla-La Mancha, con 55.939, y Cantabria, con 53.117, son las menos endeudadas. Ninguna de ellas tiene aún traspasada la sanidad.

El Gobierno, que admite su esfuerzo en general por al menos estabilizar sus deudas, sigue haciendo llamamientos a las autonomías para que las reduzcan. Con esta llamada prepara el terreno para lograr su pretensión de finales de 2001, cuando se renovará el actual modelo de financiación autonómica: la corresponsabilidad fiscal pura con la desaparición de las subvenciones del Estado a las que no logren unos ingresos mínimos, similares al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

La explicación que ha dado el Ejecutivo a la eliminación de las subvenciones es que las comunidades dispondrán de importantes ingresos con la cesión de los impuestos especiales: los del tabaco, el alcohol y la gasolina, alrededor de 2,5 billones de pesetas, un 15% de los ingresos del Estado en 1998.

El Gobierno estima que la necesidad de las comunidades de ajustar sus gastos a los ingresos de que dispongan, sin el "colchón asistencial" del Estado, repercutirá de modo favorable en la reducción de la deuda. Así lo apuntó recientemente su portavoz en funciones, Josep Piqué.

El PSOE ofrece otra explicación al fuerte endeudamiento de las comunidades: "El mal sistema de financiación autonómica", de gestión del 30% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) con capacidad normativa, pactado en 1996 entre el PP y CiU.

"La evolución de la deuda de las comunidades no depende tanto de un aumento desorbitado del gasto, ni de una mala evolución de sus tributos cedidos, sino de una evolución más lenta de los recursos vinculados al IRPF y, sobre todo, de una distorsión entre los ingresos y los gastos en la financiación sanitaria", alega el portavoz socialista de Economía en el Senado, Octavio Granado, que recalca que las autonomías más endeudadas son aquéllas que tienen traspasada la sanidad.