Escándalo en Italia por la concesión de permisos de trabajo a 80.000 extranjeros
La campaña electoral se encrespa por momentos en Italia, donde el domingo serán elegidos los presidentes y juntas regionales en 15 de las 20 regiones del país. El enfrentamiento entre Gobierno y oposición se centró ayer en el capítulo de la inmigración, uno de los temas calientes de toda la campaña, al filtrarse el contenido de una circular del Ministerio del Interior que daría luz verde a la concesión de permisos de residencia provisionales a 80.000 clandestinos. La práctica totalidad de los diarios nacionales recogían ayer la noticia en primera página, y con ella las protestas de la oposición, capitaneada por el diputado de Alianza Nacional (AN) Maurizio Gasparri, que acusa al Ejecutivo de regularizar bajo cuerda la situación de personas que no han demostrado aún disponer de un trabajo ni de un domicilio.
La reacción del Ejecutivo llegó con retraso. El ministro del Interior, Enzo Bianco, no intervino sobre el caso hasta media mañana, para precisar, con las cifras del departamento en la mano, que sólo se ha autorizado la concesión de permisos provisionales a 4.000 inmigrantes en situación irregular.
La Ley de Inmigración (equivalente a la española de Extranjería) que entró en vigor en marzo de 1998 daba una oportunidad de regularizar su situación en Italia a todos aquellos inmigrantes que pudieran probar que llegaron al país antes del 27 de marzo de ese año. Más de 300.000 inmigrantes se presentaron en las comisarías de toda Italia con la esperanza de obtener el permiso de residencia. Entre los requisitos necesarios figuraba un domicilio, un trabajo (o el compromiso firme de ser asumido en una empresa por parte del dueño), un documento que demostrara la fecha de llegada a Italia (un dato de difícil comprobación) y la ausencia de antecedentes penales.
Lo cierto es que el proceso de comprobación de estos datos ha requerido más tiempo del previsto y todavía hay una larga lista de "aspirantes" que no han recibido respuesta. De ahí la circular de Interior, del 22 de marzo pasado, que pretendía dar una cobertura legal siquiera provisional a este grupo, calculado en unos 80.000.
La noticia fue ayer recibida con indignación por la coalición de centro-derecha, que interpretó la circular como una orden "coladero" para admitir a más inmigrantes de los previstos (Italia fija un cupo anual de admisiones de trabajadores extracomunitarios), sin los controles de seguridad necesarios.
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