La delación popular

de Datos y se presta a venganzas personales. Los navegantes de Internet están habituados a encontrar de todo en la Red. Pero con toda la seguridad llamará poderosamente la atención a cualquier internauta abrir la página web del PP y encontrar allí una sección en la que, con el título de Línea contra la droga, se invita a los ciudadanos a que, anónimamente, denuncien a los sospechosos de haber cometido algún delito relacionado con el tráfico de drogas.Para facilitar dicha tarea el PP ofrece en la pantalla un formulario con distintos apartados en los que se deben incluir todos los datos conocidos sobre el sospechoso: el nombre y los apellidos, el domicilio con la calle, el piso o la casa, el código postal, la localidad y la provincia.

Según se puede comprobar, también es conveniente que el anónimo denunciante incluya otros más, como los horarios y los puntos en los que se realiza la venta de drogas, las matrículas de los vehículos de los camellos, los teléfonos de contacto y cualquier otra pista que pueda ser aprovechada para la investigación.

La página se completa con un rectángulo en blanco donde se debe escribir la razón de la denuncia. Cuando se ha rellenado y se pincha en enviar aparece otra página que agradece la labor del denunciante y le informa de que su denuncia ya está en marcha.

Es evidente que la sociedad siempre va por delante de las normas legales y, en consecuencia, de las autoridades que están encargadas de hacerlas cumplir. Un ritmo que, sin remedio, el avance de las nuevas tecnologías de la información contribuyen a acelerar. Al tiempo, cada día son más los ciudadanos que participan de este progreso, como lo demuestra, por ejemplo, el prácticamente generalizado acceso a Internet.

Precisamente aquí radican los riesgos de esta iniciativa del PP, que no sólo supone, a mi juicio, una violación de la Ley de Protección de Datos Personales, sino que además contiene un claro llamamiento a la delación, que es, si cabe, algo todavía mas grave.

Porque, en primer lugar, se está infringiendo la ley cuando se da entrada en una base informatizada de un partido político a datos sobre unos hechos de tanta gravedad como son las imputaciones indiscriminadas de delitos, cuando, en principio, no puede estar entre sus fines acumular este tipo de datos. Unos datos que, suministrados amparados bajo el manto del anonimato, hacen, por tanto, muy dudosos su origen, su veracidad y su fiabilidad.

La denuncia es la declaración prestada por una persona comunicando el conocimiento que tiene sobre la perpetración de un delito ante otra que tiene, por razón de su cargo, la obligación de investigarlo y perseguirlo. Consiste, por tanto, en una declaración o manifestación externa, verbal o escrita, de lo que una persona ha sabido, ya por medios directos, es decir, por haber presenciado los hechos, ya por cualquier otro medio de referencia, y que se tiene que hacer -esto es lo importante - ante otra que ejerce funciones públicas (juez de Instrucción, ministerio fiscal, funcionario de policía) para la persecución de los hechos delictivos.

Lo demás es pura y simple delación que, bajo el manto del anonimato, viene a degradar el valor, la importancia y la trascendencia del acto ciudadano de denunciar. Porque, mientras que la denuncia falsa entraña siempre la responsabilidad de quien lo hace de manera tan frívola o mal intencionada, ¿qué responsabilidad penal vamos a poder exigir si a partir de rencillas o móviles de venganza entre amigos, vecinos o conocidos se generaliza la sospecha de vivir entre narcotraficantes?, ¿qué valor tendrá una denuncia animada en función de animadversiones o de enfrentamientos entre mafias?

Quizá algún diputado o senador pueda tomar la iniciativa para que el Parlamento obligue a corregir esta poco recomendable novedad cibernética con la que nos sorprende el PP o, al menos, para que sea convenientemente explicada y, así, todos podamos conocer las razones por las que ha sido introducida en la Red.

La paz social y la seguridad ciudadana se producen y se mantienen como consecuencia de múltiples comportamientos que obedecen a complejas causas. Puede que nos estemos acercando a una nueva sensibilidad digital que, antes o después, se habrá de traducir en la configuración de las funciones y de las competencias de la policía y de los jueces, pero nunca suplantando las competencias de estos órganos públicos, y menos aún a costa de poner en peligro otros bienes tan importantes, o más, como son la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales.

Alfonso J. Villagómez Cebrián es magistrado.