El PSPV asegura que el edil de Urbanismo de Valencia se valió del cargo para comprar un solar

El grupo socialista, a través del edil Rafael Rubio, aseguró ayer que el concejal de Urbanismo de Valencia, Miguel Domínguez, "dispuso de toda la información precisa que no tiene ningún otro ciudadano" para participar en la compra de un solar, cuya expropiación municipal se fijó en el planeamiento de 1991 y que fue excluido en la revisión urbanística aprobada el 31 de marzo. Domínguez, junto a otros dos ediles del PP, el director general de la Policía, Juan Cotino, y el empresario Francisco Vallés creó una comunidad de bienes para comprar el solar a finales de 1999.

El concejal socialista Rafael Rubio explicó que "en el momento de la compra no había ni informe del jefe de servicio de planeamiento ni de los arquitectos redactores. "No se habían contestado ni las alegaciones [presentadas al nuevo planeamiento propuesto por el Ayuntamiento de Valencia para el barrio del Carmen]", sentenció el portavoz socialista, que añadió: "Los tres concejales del PP y sus socios crearon una comunidad de bienes específicamente para la compra del solar ubicado en la plaza de Mossén Sorell número 13"."Desde un punto de vista político hay una responsabilidad clarísima", prosiguió Rubio, que instó a la alcaldesa popular Rita Barberá a reflexionar sobre las dudas que ha generado Domínguez en la gestión urbanística de la ciudad. Barberá, ayer en los pasillos de las Cortes Valencianas, tras ser informada por Domínguez, restó importancia a la actuación de su responsable de Urbanismo. Sin embargo, la vinculación de los tres ediles en la compra de un solar provocó un serio malestar en distintos miembros del equipo de gobierno municipal.

Rafael Rubio, que recordó que por mucho menos los ediles Cardona y Gascó dimitieron durante el primer mandato como alcaldesa de Rita Barberá, argumentó que hay "un nexo causal entre el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y las sociedades en las que participa el empresario Francisco Vallés -junto a otros destacados empresarios como Lladró y Ballester-, uno de los integrantes de la comunidad de bienes que adquirió el solar de la plaza de Mossén Sorell número 13.

Francisco Vallés es, además, el abogado que representa los intereses de la empresa Grand Hotel Crystal Palace, que insiste en levantar un edificio en el polémico solar de Jesuitas de Valencia. La plataforma Salvem el Botànic, que se opone a la construcción y exige el uso público de la zona, declarada bien de interés cultural, indicó ayer que las relaciones entre Vallés y Domínguez demuestran que el concejal de Urbanismo "no es neutral en el conflicto del solar de Jesuitas".

Los socialistas criticaron también que Miguel Domínguez y los ediles Enrique Pérez Boada y Rafael Ripoll no hubiesen declarado en el registro de intereses su participación en la comunidad de bienes. Los tres ediles, junto con el resto de su grupo municipal, votaron a favor del nuevo planeamiento urbanístico del barrio del Carmen el pasado día 31 de marzo.

Domínguez justificó el martes la compra del solar argumentando que se hizo en beneficio de la Fundació Vives per l'Humanisme i la Tolerància, a la que pertenecen los miembros de la comunidad de bienes. El solar de Mossén Sorell linda con la sede de la calle Alta de la fundación que, según Domínguez, tenía una opción de compra pero no disponía de fondos. En esa fundación figura como patrono el secretario de la Corporación, Vicent Miquel i Diego, junto a otras personas interesadas en difundir la doctrina social de la Iglesia.