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Tribuna:

La Brunete mediática

Sólo la buena suerte y la intuición personal para advertir el peligro libraron hace dos semanas a Carlos Herrera -presentador de un escuchado programa matutino de Radio Nacional- de morir víctima de la explosión de un paquete-bomba enviado por ETA como si fuese una caja de puros. Tras conocerse la noticia, muchos periodistas -entre otros el director del diario El Mundo- relacionaron de diversas maneras ese atentado frustrado con las graves denuncias lanzadas anteriormente desde las filas del nacionalismo vasco contra el destinatario. Ratificando una vez más que el carácter es el destino, Xabier Arzalluz publicó el pasado domingo en las páginas de Deia un virulento artículo contra los periodistas que -como el "tristemente famoso" (sic) locutor de Radio Nacional- critican a los nacionalistas moderados o radicales; guiado por la sabiduría jurídica del belicoso magistrado Navarro Estevan ("el poder es siempre el gran delincuente impune"), el presidente del PNV descarga también sobre Pedro J. Ramírez la responsabilidad penal de haberle acusado de un delito de inducción al asesinato.A fin de negar cualquier posible nexo entre las descalificaciones nacionalistas de algunos periodistas y los posteriores atentados criminales, Arzalluz aduce que ETA sabe muy bien "a quién atacar, a quién asesinar o a quién secuestrar" sin necesidad de recibir información del PNV. Los dirigentes y portavoces del PNV, lejos de poner "en el punto de mira de ETA" a Carlos Herrera y a otros compañeros de profesión, se limitan a "protestar contra la mentira, la manipulación o el insulto" de los periodistas "sectarios o mercenarios" que pretenden amordarzarlos a las órdenes de unos misteriosos "directores de orquesta" que les surten "de material y de fondos". Si los críticos de Arzalluz se parapetan tras la libertad de expresión para justificar sus demasías, los militantes del PNV -con su presidente a la cabeza- invocan el mismo sacrosanto principio para justificar su "autodefensa".

Porque no se trata -sostiene Arzalluz- de un debate ideológico o de una controversia política entre nacionalistas y constitucionalistas, sino de una ofensiva "contra los vascos" en su totalidad desencadenada por la "Nueva Prensa del Movimiento" como batallón propagandístico de la "Brunete mediática" (delicada metáfora acuñada por Anasagasti en recuerdo del Estado Mayor de la División Acorazada implicado en el golpe de Estado del 23-F). Las informaciones y las opiniones críticas contra el PNV y los firmantes del Pacto de Estella son "un auténtico 18 de julio sin cañones" organizado por los fascistas españoles contra los demócratas vascos. Arzalluz facilita los nombres de algunos periodistas de la Brunete mediática, considerablemente alejados entre sí por sus biografías personales y adscripciones ideológicas; la pregunta sobre qué pueda tener en común Patxo Unzueta (un veterano militante antifranquista vinculado al nacionalismo radical hasta finales de los 60) con los directores de Abc y El Mundo, Carlos Dávila o Isabel San Sebastián, tiene una sola respuesta: por numerosas y profundas que sean las diferencias que separen a esos periodistas entre sí, su común denominador no es el espíritu corporativo, sino la lealtad constitucional y el rechazo a la violencia de ETA.

El debate sobre las fronteras que la libertad de expresión está obligada a respetar cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales descansa sobre algunos supuestos indiscutibles. El magistrado Oliver Wendell Holmes ilustró con un ejemplo la doctrina de la Corte Suprema americana sobre el "riesgo claro y evidente" como uno de esos límites: la libertad de expresión no tutela el grito de ¡Fuego¡ lanzado gratuitamente por un insensato en un teatro atestado de público; tampoco parece que las palabras proferidas por el jefe de un comando de ETA ("¡Listos¡ ¡Ya¡") para ordenar la explosión de un coche bomba sean un uso lingüístico merecedor de amparo constitucional. Sin duda, hay zonas grises entre lo evidentemente prohibido y lo claramente lícito: los conflictos legítimos en torno a la libertad de expresión se sitúan precisamenrte en ese tramo de borrosas lindes. Sin embargo, sería muy dificil de aceptar que la descalificación de Herrera o Unzueta como "enemigos del pueblo vasco" decretada por los dirigentes del PNV sea aquí y ahora -en el contexto de la permanente amenaza terrorista de ETA- un mero ejercicio de la libertad de expresión y no una irresponsable llamada de atención que sólo atienden los asesinos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de abril de 2000