Un informe de la OCDE critica el modelo de financiación autonómica

Un informe sobre España elaborado en febrero pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dirige severas advertencias acerca del modelo de financiación autonómica vigente, pactado por CiU y PP en 1996 y basado en la cesión de una porción del IRPF a las comunidades. El informe advierte de que dicho modelo, calificado de "costoso", puede crear problemas de financiación a la Administración. El Gobierno ha tomado nota de las recomendaciones para aplicarlas a la revisión del sistema.

El informe de la OCDE, al que tuvo acceso el Ejecutivo del PP en funciones hace semanas, llama la atención sobre dos aspectos fundamentales del modelo de financiación autonómica vigente: la "gran inestabilidad" en los recursos de las comunidades autónomas por el peso creciente del IRPF en la obtención de sus ingresos y el riesgo para el saneamiento de sus finanzas a causa del peculiar sistema de garantías del modelo.En este segundo aspecto, el informe señala que el sistema de garantías previsto por la Administración central para proteger a las autonomías de una baja temporal de los ingresos por el IRPF "ha reducido sensiblemente el grado de corresponsabilidad presupuestaria" de las mismas. El informe argumenta que el sistema de garantías es "asimétrico" porque la Administración central debe financiar la posible evolución desfavorable de los ingresos, pero las administraciones autonómicas no aportan nada al sistema cuando la situación les es favorable, por lo que puede resultar "muy costoso" para el Presupuesto del Estado.

El informe señala también que "las garantías no incentivan a las administraciones autonómicas a controlar sus gastos" con lo que "será difícil el saneamiento de las finanzas públicas". También estima que "perjudica los esfuerzos de la Administración central para reducir la presión fiscal total al ser su coste soportado exclusivamente por ella".

Los hechos confirman esta apreciación del informe de la OCDE. El Gobierno del PP garantizó a las comunidades autónomas un mínimo similar al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para que no perdieran dinero. Como la recaudación del IRPF creció tres puntos menos que el PIB en el ejercicio de 1997, el Gobierno central tuvo que aportar 31.873 millones a las comunidades autónomas y para liquidar el ejercicio de 1998 ha previsto 62.000 millones y para el de 1999 77.267 millones.

El informe también critica la "inestabilidad" de los recursos de las comunidades autónomas procedentes de su participación en el IRPF, sobre cuyos ingresos pivota el modelo actual. El informe dice expresamente que la parte de los recursos que dependen del IRPF "es muy variable de una comunidad autónoma a otra y es más importante en las más ricas". También denuncia que la base del IRPF es un "criterio más volátil" que el consumo privado o el PIB nominal para determinar la financiación de las autonomías. "Además la volatilidad de los ingresos fiscales obtenidos del IRPF es mayor en las regiones más pequeñas poco diversificadas en el plan industrial".

El informe, aunque admite que las comunidades no han usado su capacidad normativa o de modificar los tipos marginales de su cuota autonómica, apunta que si se hubiera ejercido "habría determinado una inestabilidad aún mayor entre las comunidades por su competencia fiscal".

El documento apunta algunas recomendaciones: la financiación de las comunidades autónomas debe recaer sobre un abanico más amplio de impuestos, en particular sobre aquellos que presenten la ventaja de producir ingresos menos inestables que el IRPF; el sistema de garantía debe estar concebido con la puesta en común de los riesgos e incentivar a las comunidades para desarrollar su base de imposición y controlar sus gastos y que la descentralización fiscal no cree problemas presupuestarios al conjunto del territorio.

El Gobierno estima, por su parte, que una buena parte de las recomendaciones del informe de la OCDE ya se viene aplicando en los criterios de revisión del actual modelo que deberá culminar antes de que acabe 2001. Concretamente, desde hace meses existe una ponencia mixta, del Gobierno y comunidades autónomas, que estudia la ampliación del abanico de impuestos a descentralizar, particularmente los especiales.

Asimismo, el Gobierno ya ha anunciado que la cesión de los impuestos especiales acarreará el final del actual sistema de garantías que denuncia el informe. Por su parte, el PSOE y CiU estiman que el informe de la OCDE respalda sus denuncias contra el modelo vigente.