16 familias de Móstoles acusan a una inmobiliaria de quitarles sus pisos

Son 16 familias y llevan 16 años viviendo en sus casas de la calle Rubens, en Móstoles. Después de tres lustros pagando las letras a la inmobiliaria y la hipoteca al banco, este año muchos de ellos podrían declararse propietarios de sus pisos, aunque -"gran error", confiesan- nunca los escrituraron ante notario. Ahora han descubierto que esas viviendas no les pertenecen porque desde hace unos meses tienen otros titulares en el registro. El administrador de IVIASA, la promotora que les vendió las casas y que hace tres años declaró suspensión de pagos, las entregó el pasado diciembre a unos nuevos compradores. "Nos enteramos porque un día se presentó en el piso de al lado una pareja diciendo que esa casa era suya. Le enseñaron la escritura a la señora que vive allí y pidieron explicaciones. Imagínese el susto que se llevó la pobre mujer", explica Francisco Javier Bernad, uno de los afectados. Las casas han pasado a ser propiedad de varios particulares de Jumilla y de una inmobiliaria de Cartagena, ambas en Murcia. Contra ellos y el administrador, Joaquín Alonso, que también vive en esa provincia, han puesto una querella los vecinos de la calle Rubens.

Alonso se defiende alegando que todo se debe a "un error" y que nadie será expulsado de su casa "mientras pueda demostrar que tiene los documentos en regla". "Han creado una alarma por nada. Nosotros vendimos esos pisos pensando que no estaban habitados, porque de hecho no fueron escriturados, pero si lo están, y legalmente, no habrá problemas. Se llegará a un acuerdo con los nuevos compradores y ya está", afirma el administrador, que añade: "Lo que no es normal es que esa gente se haya pasado 16 años sin hacer la escritura. A lo mejor es que han aprovechado esa situación para no pagar los impuestos".

Acreditar la titularidad

Escriturar una vivienda no es obligatorio, pero no hacerlo es "bastante insensato", según una experta en temas fiscales, ya que es ése el documento que acredita la titularidad. Sin embargo, no es el único que, ante un juez, podría respaldar a los vecinos de la calle Rubens. Ellos aseguran que han pagado durante todos estos años la contribución urbana y que han declarado sus viviendas a Hacienda. Afirman, además, que poseen las facturas de las letras y las de la hipoteca de la inmobiliaria que asumieron cuando compraron sus casas. Joaquín Alonso, por el contrario, dice que "algunos de ellos carecen de los documentos necesarios".

Los nuevos compradores, por el momento, tendrán que esperar a la decisión del juez. Al igual que los habitantes de las viviendas en litigio, quienes confían en defender sus pisos aun sin el respaldo de un notario. "Los documentos que tenemos bastan para mostrar que unos especuladores carentes de escrúpulos pretenden hacer dinero a costa de nuestro esfuerzo de tantos años", dicen.