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CULTURALA OPOSICIÓN PIDE PARALIZAR EL PROYECTO

El TSJ reclama de nuevo a Alperi el informe del Palacio de Congresos

El alcalde de Alicante se resiste a facilitar los informes sobre el palacio de congresos y la modificación del planeamiento urbano que exige la ejecución del proyecto en el Benacantil, incluso a los jueces. La sección segunda de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, ha requerido en dos ocasiones a Luis Díaz Alperi para que le remita la documentación. En la última misiva, en marzo, el tribunal avisa al Ayuntamiento que arriesga una multa si no cumple con la ley.

Por el momento, son dos los contenciosos tramitados ante el TSJ por integrantes de la plataforma Salvem el Benacantil, que se opone a la construcción del palacio de congresos en la ladera del monte. Uno de ellos, firmado por el abogado José Juan Server, plantea la nulidad de las actuaciones administrativas seguidas para modificar los usos del monte, basándose en que el Ayuntamiento no resolvió de acuerdo a la ley las alegaciones. El segundo, que suscribe el arquitecto Manuel Ayús, reclama a los magistrados que obliguen a las administraciones implicadas a proteger todo el monte con su declaración global como Bien de Interés Cultural (BIC).Tras admitir a trámite el primer contencioso, el TSJ requirió al Ayuntamiento que preside Luis Díaz Alperi, del PP, copia del expediente administrativo, necesario para resolver la causa. El Ayuntamiento no respondió, por lo que la sala envió en marzo un segundo requerimiento, bajo apercibimiento de multa, instando a la "urgente remisión" de los documentos solicitados.

Salvem el Benacantil, que suspendió sus movilizaciones en la precampaña electoral, arremetió ayer contra el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges y la Dirección General de Patrimonio, "por sucumbir a las presiones de las más altas esferas del PP" y hacer caso omiso de los informes contrarios a la obra.

Mientras, el proyecto fue ayer objeto de debate en el pleno de las Cortes, donde el consejero de Cultura, Manuel Tarancón, defendió su legalidad, mientras la oposición le acusaba de incumplir la ley de Patrimonio para llevarlo adelante. "Estamos ante un acto injusto y una actuación que raya en la ilegalidad", dijo el portavoz del PSPV, Antonio Moreno, quien aseguró que "ni los alcaldes más duros de la dictadura atentaron contra el Benacantil" como lo hace el PP al insistir en el proyecto del palacio de congresos. Por su parte, el diputado de EU Joan Antoni Oltra, denunció la "violación" de la ley de Patrimonio, porque, añadió, el área de protección del entorno del BIC debería estar delimitada desde hace un año. "Si se cumplieran los plazos de la ley, no se haría el palacio porque todo el Benacantil estaría protegido", dijo Oltra. "La solución ha sido no cumplir los plazos para que la construcción no sea ilegal".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de abril de 2000