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El Consell exige a la Universidad de Valencia que suprima un artículo vigente desde 1985

Eduardo Zaplana rompió ayer el largo silencio administrativo de la Generalitat en torno a los estatutos de la Universidad de Valencia, pendientes de la aprobación del Consell desde hace más de dos largos años. El presidente de la Generalitat redujo las discrepancias entre el Consell y la institución académica a un único apartado de un artículo de los estatutos que está en vigor desde 1985 y que refiere a la capacitación lingüística de los docentes. Zaplana también incidió en otro frente de la cuestión lingüística y reiteró que está dispuesto a modificar la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para resolver los problemas que ha entrañado hasta la fecha la elección de sus miembros.

El artículo en cuestión reza: "Quien obtenga una plaza [como funcionario docente] deberá someterse, en su caso, a las evaluaciones del conocimiento de las lenguas que son oficiales en la Universidad de Valencia". La redacción actual es el resultado de alguna matización introducida por el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana con respecto a su redacción original, aprobada en 1985, y fue objeto de amplio debate en el seno del claustro de la Universidad.El Consell considera que el artículo está redactado de forma ambigua y abre la vía a interpretaciones arbitrarias que permiten utilizar el concimiento de las lenguas oficiales de forma excluyente. Fuentes de la Generalitat explican que la capacidad lingüística sólo debe considerarse un mérito.

Zaplana, en unas declaraciones ante un grupo de periodistas en el Palau de la Generalitat, defendió la posición del Consell con inusual severidad y deslizó una velada amenaza: "Existen límites constitucionales y una de mis obligaciones es velar por el futuro de una Universidad a la que contribuimos decisivamente todos los ciudadanos con el mejor sistema de financiación que existe en España". Además, subrayó que "hace un año" trasladó a Pedro Ruiz, rector de la Universidad de Valencia, su discrepancia.

Ruiz expresó su "sorpresa" ante las palabras de Zaplana. Negó haber recibido jamás una comunicación oficial por escrito que especificara las supuestas diferencias sobre el texto y sólo mencionó una comida privada en la que surgió la cuestión. Ruiz recordó que la ley establece como requisito para acceder a la función pública el conocimiento de las lenguas oficiales y atribuyó el desencuentro a una "interpretación" equivocada. El rector calificó como "lamentable" el retraso en la publicación oficial de los estatutos y apuntó su "extrañeza" ante los argumentos utilizados por Manuel Tarancón, consejero de Educación, en una carta remitida esta semana que rompe un largo silencio administrativo.

"Desolado"

Pero las discrepancias del Consell con la Universidad de Valencia no son el único punto de fricción institucional que alienta el fantasma de la polémica lingüística. Zaplana dijo sentirse "desolado" por la falta de interlocutores autorizados entre las formaciones de izquierda con representación parlamentaria para resolver la composición de la Acadèmia.

El presidente afirmó rotundo que modificará la ley si fuera necesario para designar a los primeros 21 miembros de la institución. En su redacción actual, la norma exige que los académicos sean refrendados por una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados de las Cortes.

El presidente comentó que "no perderá la cabeza por tener mayoría suficiente" y añadió que buscará una fórmula para "respetar escrupulosamente el espíritu" original de la ley de creación de la Acadèmia, que fue aprobada con los votos favorables de populares y socialistas a partir de un informe redactado después de meses de negociaciones y debate en el seno del Consell Valencià de Cultura.

Zaplana tuvo la deferencia de afirmar: "Nunca nombraríamos a los 21 académicos porque hay sensibilidades que hay que respetar", pero advirtió de que no se quedará cruzado de brazos y aprovechó para arremeter con dureza contra los dos portavoces de la oposición parlamentaria, Antonio Moreno, del PSPV, y Joan Ribó, de Esquerra Unida, por haberse negado a pactar, la semana pasada, un calendario de negociación con los vicepresidentes del Consell sin una reunión previa con él.

Desde su perspectiva, la actitud de Moreno y Ribó responde a "un juego pueril" y una "escenificación teatral" irresponsable cuando el Consell "no ha podido ser más educado en las formas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de abril de 2000

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